La defensa de Nadine Heredia reiteró este jueves que la recomendación hacia la exprimera dama es no regresar aún al Perú, pese a que el Poder Judicial resolvió archivar y anular definitivamente el proceso por lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2006 y 2011.
En diálogo con Exitosa, el abogado de la asilada en Brasil, Edinson Huamán, explicó que la recomendación se sustenta en la falta de confianza en el sistema judicial y en la existencia de otros procesos abiertos que todavía la involucran.
"El proceso que fue archivado hoy fue el de lavado de activos; sin embargo, lo que se mantiene al día de hoy es que la recomendación de los abogados es que la señora Nadine Heredia no regrese todavía al país, porque no tenemos garantías ni la confianza en el sistema de justicia", declaró Huamán.
Antecedente del caso archivado
El letrado recordó que el caso de lavado de activos había sido cerrado en 2010, pero fue reabierto en 2014 por el fiscal Ricardo Rojas León, quien posteriormente fue condenado por cohecho en 2022. Para la defensa, este antecedente reflejaría un patrón de abusos y arbitrariedades que justifican la cautela.
"La recomendación se hizo y la señora está en su ámbito de privacidad familiar para analizar la recomendación. Se le informó y se le recomendó lo que acabo de comentar y lo va a analizar", añadió Huamán, confirmando que mantiene comunicación directa con su patrocinada.
Procesos pendientes
Aunque el archivamiento del PJ, en atención al fallo del TC, favorece a Heredia en el caso de aportes de campaña, la exprimera dama aún enfrenta dos procesos abiertos:
- Gasoducto Sur Peruano: investigación por presunta colusión y negociación incompatible en la concesión del megaproyecto energético, inicialmente adjudicado a Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Heredia habría tenido participación en gestiones irregulares que favorecieron a la empresa brasileña.
- Centro de Convenciones de Lima: proceso vinculado a la construcción del recinto de San Borja, inaugurado en 2015. Se le acusa de haber intervenido en decisiones administrativas que favorecieron a contratistas, lo que configuraría delitos de colusión y lavado de activos.
Ambos casos aún permanecen en etapa de investigación y podrían implicar nuevas comparecencias judiciales si Heredia decide pronto retornar al país.
Alcance del fallo del Tribunal Constitucional
Según la fuente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió ejecutar los alcances de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 00110-2026-PHC/TC (Sentencia de Pleno N.° 169/2026). A través del auto emitido en el Exp. 00249-2015-78-5001-JR-PE-01, el tribunal dejó sin efecto todo lo actuado en el expediente judicial seguido contra el expresidente Ollanta Humala.
La resolución declara la nulidad constitucional de la totalidad de las actuaciones incoadas dentro del proceso penal seguido por el delito de lavado de activos. La anulación comprende las etapas de investigación preliminar, las disposiciones de formalización, la acusación fiscal, el auto de enjuiciamiento y la sentencia condenatoria de primera instancia contenida en la Resolución 104. El pronunciamiento precisa que el juzgamiento afectó los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.
En aplicación del principio de efecto extensivo favorable, la sala dispuso extender la anulación del expediente a los demás coimputados de la causa. Entre las personas procesadas que alcanzan este beneficio figura la ex primera dama Nadine Heredia, además de Ilán Paul Heredia Alarcón, Antonia Alarcón Cubas, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez, Mario Julio Torres Aliaga, Santiago Gastañadui Ramírez, Eladio Mego Guevara, Maribel Amelita Vela Arévalo y Rocío del Carmen Calderón Vinatea. La orden del colegiado también comprende a las personas jurídicas Partido Nacionalista Peruano y Todo Graph S.A.C.
Tras la anulación de lo actuado, el colegiado declaró la pérdida sobrevenida del objeto recursal y ordenó el archivo definitivo del expediente en el fuero penal. Como consecuencia inmediata del mandato, se dispuso el levantamiento de oficio de todas las órdenes de captura, requisitorias, medidas coercitivas personales y órdenes de embargo dictadas contra los investigados e instituciones vinculadas al caso.
Mientras Ollanta Humala ya recuperó su libertad, la exprimera dama evalúa junto a su entorno familiar si renunciar al asilo en Brasil y enfrentar los procesos pendientes. La recomendación de sus abogados refleja la tensión entre la victoria jurídica obtenida y la desconfianza persistente hacia el sistema judicial peruano.
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