El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo, abrió una nueva arista de investigación luego de conocerse que empresas vinculadas a integrantes de su entorno familiar acumularon contratos con el Estado por más de S/11 millones, principalmente en municipalidades de la provincia de Pataz.
Uno de los casos que despertó mayor atención corresponde a Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quien trabajaba como agente de seguridad de Lara y murió durante el ataque. Rojas figuraba, además, como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca, empresa que consiguió una consultoría de obra pública valorizada en aproximadamente S/354 mil en Tayabamba.
El rastreo empresarial también identificó a Constructora Ohana S.A.C., vinculada a dos primos del empresario, que acumuló contratos por alrededor de S/3,78 millones en la Municipalidad de Chillia. Asimismo, Tantaquilla Contratistas S.A.C., conformada por tíos maternos de Lara, obtuvo licitaciones que superaron los S/1,38 millones.
Especialistas en contrataciones públicas consideran que estas coincidencias deberían ser revisadas para establecer si los procedimientos se desarrollaron con normalidad o si pudieron existir direccionamientos, simulaciones u otras irregularidades.
Sin embargo, la existencia de relaciones familiares y contratos estatales no constituye por sí sola prueba de un delito ni demuestra una conexión directa con el secuestro.
Eleuterio Lara, padre del empresario, rechazó que los recursos económicos de su familia provengan de actividades ilícitas. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las diferentes aristas de un caso que ha vuelto a colocar bajo la lupa la actividad minera, las contrataciones públicas y la violencia en Pataz.
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