Una investigación por presunta tentativa de extorsión en Dos de Mayo ha derivado en una disputa abierta sobre la solidez de la imputación fiscal. Bianca Evelyn Ávila Meza , sobrina de Antenor Meza Soto , aseguró que su familiar fue detenido el 23 de junio de 2025 y permanece en prisión preventiva pese a que, según su versión, la defensa presentó pericias, documentos médicos y registros telefónicos que contradicen la tesis con la que el Ministerio Público sostiene el caso. Según relató Ávila Meza , las llamadas y mensajes extorsivos a dos agraviados de la zona de Yata, Marías, se habrían producido entre el 6 y el 8 de abril de 2025 . Sin embargo, sostuvo que el celular y la línea vinculados luego a su tío habían sido robados el 26 de noviembre de 2024 , cuando trabajaba como estibador descargando cemento, y que desde entonces él usó otros números. La familiar añadió que el último movimiento de Yape asociado a esa línea data del 25 de noviembre de 2024 , un día antes del robo que, dijo, fue denunciado después. La principal objeción de la familia apunta a la secuencia temporal del caso. Ávila Meza afirmó que el número atribuido a su tío no registra llamadas ni mensajes extorsivos y que la relación con el hecho se construyó por la vinculación de un IMEI . Añadió que un informe pericial de parte ubica el ingreso del chip al equipo examinado el 15 de abril de 2025 , es decir, después de las fechas en que se habrían cometido las extorsiones. Para la familia, esa cronología debilita la imputación inicial y obliga a revisar cómo se construyó la pesquisa . La voz, la línea y la otra fiscalía La sobrina sostiene, además, que su tío presenta una dificultad notoria en el habla, descrita por la familia de forma coloquial como “ gangozo ”, y que fue operado de palatoplastia en 2019 . Según su versión, esa condición afecta su pronunciación y debió ser valorada con mayor peso frente a los audios atribuidos al extorsionador. La familia afirma haber presentado documentación médica y haber solicitado que ese elemento fuera contrastado con una pericia de voz dentro de la investigación. Uno de los pasajes más delicados del relato apunta a una aparente contradicción dentro del propio sistema fiscal. Ávila Meza aseguró que, antes de este proceso, su tío fue citado como testigo en otra investigación de extorsión vinculada al mismo número telefónico y que, en esa ocasión, una fiscal le habría indicado que la voz del extorsionador no correspondía a la suya y que debía denunciar el robo del equipo y dar de baja la línea. Si ese episodio se documenta en la carpeta respectiva, el caso no solo mostraría una controversia familiar, sino una fisura entre actuaciones distintas del Ministerio Público sobre un mismo elemento telefónico . La familia también cuestiona otros indicios que, según afirma, fueron usados para reforzar la imputación. Ávila Meza señaló que a su tío se le incautó un Tico Matiz plateado aunque los agraviados habrían descrito un Yaris gris o plomo, seminuevo . Añadió que en el video amenazante aparece una mano con tatuaje, mientras que la evaluación de ingreso al penal —según dijo— no registra tatuajes en el investigado. A eso sumó que las imágenes halladas en el celular de su tío mostrarían un arma distinta a la utilizada por el sujeto que aparece en los videos remitidos a los agraviados y que la defensa presentó pericias de parte para sostener que tampoco coinciden los pisos que aparecen en las fotografías. Una investigación bajo disputa Ávila Meza identificó al fiscal del caso como Bartolo Salomón Emilio Bartolo Serrano , de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo , y al juez como Julio Campos Solórzano . Según relató, el Ministerio Público pidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva y el requerimiento fue declarado fundado tras una audiencia realizada el 5 de marzo y una resolución emitida el 20 de marzo . La familiar sostuvo que, antes de esa decisión, la defensa había reunido respuestas y documentos sobre buena parte de los actos de investigación solicitados por el propio despacho fiscal. La controversia se volvió más aguda, según la versión de la sobrina, porque los agraviados habrían seguido recibiendo extorsiones incluso cuando Antenor Meza Soto ya estaba preso. Ese punto, junto con la discusión sobre la línea robada, la dificultad en el habla, los audios, el vehículo, el arma y los peritajes técnicos, ha convertido el expediente en un caso bajo disputa más allá de la defensa familiar . Lo que se resuelva en las siguientes etapas judiciales no solo definirá la situación del investigado, sino también si la Fiscalía logra sostener una imputación que hoy enfrenta una cadena de objeciones concretas desde el entorno del acusado.
