Policías investigados por presunta coima guardan silencio ante la Fiscalía

Los suboficiales PNP Jhon Enrique Bernales Alvarado y Western Prikker Acuy Gutiérrez, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, decidieron no declarar durante la diligencia desarrollada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco. Ambos agentes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta el despacho de la fiscal Luz Sánchez Figueroa. Sin embargo, al ser interrogados sobre los hechos que motivaron su detención, se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio. Culminada la diligencia, retornaron al complejo judicial de Pillco Marca, donde permanecen mientras continúan las investigaciones. El caso se remonta al 7 de agosto de 2024, fecha en la que los efectivos habrían intervenido a un conductor por presuntas infracciones de tránsito. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, los agentes le habrían solicitado dinero con la finalidad de evitar la imposición de sanciones administrativas y el internamiento de su vehículo. La versión del denunciante señala que, inicialmente, los policías habrían pedido S/400. Posteriormente, la supuesta exigencia habría sido reducida a S/200 y, finalmente, el conductor habría ofrecido entregar S/100. Parte de la conversación habría sido grabada y presentada como evidencia ante la fiscalía. Este material habría sido uno de los principales elementos considerados para solicitar y ejecutar la detención preliminar de los dos suboficiales. La fiscalía analiza actualmente el contenido de las grabaciones, las declaraciones de los involucrados y otros elementos recabados durante las diligencias. A pocas horas de vencer el plazo de 72 horas de detención preliminar, el Ministerio Público deberá determinar si solicita prisión preventiva o alguna medida menos gravosa contra los investigados. Mientras tanto, familiares de los agentes sostienen que la denuncia sería una represalia del conductor, debido a que su vehículo fue internado en el depósito municipal y recibió una papeleta. Además, afirman que no existirían pruebas suficientes para imponerles una medida coercitiva más severa.