Madre pide confirmar cadena perpetua y ubicar a tercer señalado por abuso sexual de su hija

La madre de una adolescente que tenía 13 años cuando sufrió violencia sexual en 2023 pidió que la segunda instancia confirme la condena de cadena perpetua impuesta a dos hombres y que las autoridades ubiquen a un tercer señalado que, según su declaración, continúa prófugo. La mujer viajó desde la provincia de Dos de Mayo hasta Huánuco para expresar su temor ante la apelación presentada por los dos sentenciados. Durante la entrevista mostró una resolución judicial identificada parcialmente con el número 093-2025 y aseguró que ambos permanecen recluidos en el penal de Potracancha. La madre los identificó como Rober Jhon Gómez Ariza y Jesús Vicente Astete Melgar. El tercer hombre fue nombrado como Willy Trejo Santillán, aunque la escritura completa de las tres identidades debe cotejarse directamente con el expediente antes de su publicación definitiva. El recurso de apelación busca que una instancia superior revise la sentencia. La madre teme que ese procedimiento termine con la liberación de los internos, pero su temor no debe confundirse con una orden de excarcelación ya emitida. Captación al salir de clases De acuerdo con el testimonio materno, la adolescente fue abordada por dos menores cuando salía de clases. La mujer sostiene que las jóvenes actuaron como captadoras y la condujeron hacia tres hombres. Por tratarse de menores de edad y por el riesgo de identificar indirectamente a la víctima, sus nombres, el colegio y otros detalles que permitan reconocer a la adolescente deben permanecer fuera de la publicación. La madre aseguró que los tres hombres participaron en la agresión. Dos fueron posteriormente detenidos, procesados y condenados a cadena perpetua, mientras el tercero habría escapado cuando la familia concentraba sus esfuerzos en trasladar y atender a la adolescente. El fallo mostrado durante la entrevista aparece asociado al número 093-2025. La información proporcionada no permite identificar con precisión el juzgado que emitió la condena, la fecha de la sentencia ni el órgano que resolverá la apelación. Una apelación que reabre el temor La mujer explicó que se trasladó a Huánuco después de conocer que los sentenciados habían apelado. Intentó obtener información sobre el proceso, pero no logró entrevistarse con los magistrados porque el expediente ya se encontraba en trámite. Su pedido es que la cadena perpetua sea confirmada y ejecutada. No cuestiona únicamente la eventual modificación de la pena: teme que una decisión favorable a los condenados afecte nuevamente la estabilidad emocional de su hija. La apelación constituye una revisión judicial y todavía debe ser resuelta. Por ello, la nota debe diferenciar tres situaciones: dos hombres están encarcelados en cumplimiento de una sentencia; esa decisión ha sido impugnada; y no existe en el testimonio presentado una resolución que ordene su libertad. La búsqueda del tercer señalado constituye otro proceso abierto. La madre reclamó que las autoridades continúen las acciones para localizarlo y llevarlo ante la justicia, pero su condición exacta —investigado, acusado, requisitoriado o condenado en ausencia— debe establecerse mediante el expediente. Consecuencias que continúan tres años después La adolescente recibe terapia y mantiene afectaciones psicológicas y físicas, de acuerdo con la versión de su madre. Algunos días logra continuar con sus actividades, mientras que en otros presenta miedo, dificultades para estudiar y alteraciones al dormir. La mujer afirmó que ha llevado a su hija a diferentes establecimientos para recibir tratamiento y que todavía no consigue recuperar la tranquilidad. Por esa razón, evita comunicarle detalles sobre la apelación y el viaje realizado a Huánuco. La madre explicó que asume sola el cuidado de sus hijos y que la posibilidad de una modificación de la sentencia representa una nueva carga emocional para la familia. Su reclamo no debe exponerse mediante detalles que revictimicen a la adolescente, sino desde la continuidad del proceso, la protección de la víctima y la obligación de ejecutar las decisiones judiciales que finalmente queden firmes. El caso tiene ahora tres frentes: la resolución de la apelación, la búsqueda del tercer señalado y la atención integral de la adolescente. La respuesta de la segunda instancia determinará si se confirma, modifica o anula la condena impuesta a los dos internos.