La Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales en el Perú, pretende sancionar al juez Richard Concepción Carhuancho por haber cantado el clásico "Triciclo Perú" en un evento público y por dictar una conferencia en un instituto. La medida ha generado un intenso debate sobre los límites del derecho sancionador y la independencia judicial.
¿Constituyen delito o falta administrativa?
Según el análisis del abogado Jesús Macedo Gonzales, las conductas imputadas al magistrado no configuran delito ni falta administrativa. El derecho sancionador se rige por el principio de legalidad y tipicidad: para que una conducta sea castigada, debe estar previamente calificada como infracción en una norma expresa.
En el Perú, cantar no constituye un delito ni una falta administrativa; no está prohibido en el Código Penal ni en ningún estatuto judicial. Por el contrario, la música es una manifestación cultural y una extensión de la libertad de expresión, ambas protegidas por la Constitución.
Presunto abandono de cargo y jornada laboral
Alguien podría argumentar que la falta radica en un presunto abandono de cargo. Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho asistió al evento fuera de su jornada laboral. Lo que un magistrado haga en su tiempo libre pertenece a su esfera privada, señala el especialista.
El segundo cuestionamiento se enfoca en la conferencia que dictó en un instituto privado. Según el artículo 146 de la Constitución, la docencia es la única actividad remunerada permitida para los jueces, siempre que se realice fuera del horario de trabajo. Este es un modelo común: en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Moquegua, varios magistrados dictan cátedra tras cumplir sus labores en el juzgado.
Interpretación restrictiva y trasfondo político
Si un juez es invitado a compartir su experiencia académica con la ciudadanía en una institución que no es estrictamente una universidad, y muchas veces de forma ad honorem, ¿debería prohibirse? Interpretar la norma de manera tan restrictiva para castigar la difusión del conocimiento jurídico es, nuevamente, un despropósito, sostiene Macedo Gonzales.
El abogado advierte que no se puede aislar este caso del contexto político. Concepción Carhuancho fue el juez que dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori, líder partidaria que hoy busca la presidencia bajo un discurso de "orden", a pesar de haber promovido la inestabilidad política en los últimos años. Lo que estaríamos presenciando sería una retaliación política ejecutada a través de las instituciones capturadas por coaliciones de poder cuestionables.
Patrón de asedio contra magistrados
Según el análisis, no se trataría de una coincidencia aislada: la suspensión de la fiscal Delia Espinoza en su momento, la no ratificación del fiscal Omar Tello —o fiscales claves— y el asedio contra el juez Carhuancho o el fiscal José Domingo Pérez —quien recientemente ejerció una vehemente defensa pública denunciando estas irregularidades— evidencian un patrón. Quienes investigaron o frenaron los abusos del poder político hoy enfrentan procesos disciplinarios.
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