Dos médicos de la Unidad Médico Legal de Pasco son investigados por la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y desobediencia a la autoridad. Ambos profesionales habrían evitado realizar los reconocimientos médico-legales de una ciudadana y un interno del establecimiento penitenciario de Cochamarca.
El fiscal de turno del Ministerio Público, Marco Mejía, informó que la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, intervino el último viernes las instalaciones de la Unidad Médico Legal, ubicadas en el distrito de Yanacancha.
Según explicó, una ciudadana permanecía en el establecimiento desde aproximadamente las 11:00 de la mañana, a la espera de ser examinada. El reconocimiento había sido requerido previamente por la Policía como parte de una investigación en curso.
El segundo caso involucraba a un interno del penal de Cochamarca, quien fue trasladado bajo custodia hasta la sede médico-legal. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había solicitado formalmente la evaluación; sin embargo, el procedimiento tampoco se habría realizado.
Durante la intervención fueron identificados los médicos legistas Cintia González y Juan Saavedra Céspedes. De acuerdo con la versión fiscal, los profesionales habían ingresado a la sede y efectuado el registro correspondiente, pero posteriormente se habrían negado a practicar las evaluaciones, alegando razones administrativas.
Ante esta situación, la Policía y el Ministerio Público consideraron que existirían elementos para una intervención en flagrancia por una presunta omisión de actos funcionales. También se incorporó la posible desobediencia a la autoridad, debido a que los reconocimientos fueron solicitados por la Policía y el INPE.
Los médicos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Yanacancha para el desarrollo de las diligencias preliminares. Posteriormente, presentaron una demanda de hábeas corpus ante el órgano jurisdiccional competente, que ordenó su liberación.
El fiscal aclaró que la medida judicial únicamente permitió recuperar la libertad de los investigados y no representa el cierre del caso ni determina su responsabilidad penal.
Mejía señaló que las pesquisas deberán establecer las circunstancias de la presunta negativa, las funciones asignadas a los profesionales y la validez de los argumentos administrativos expuestos.
Asimismo, recordó que los funcionarios y servidores públicos deben garantizar una atención inmediata, adecuada y respetuosa, independientemente de su régimen laboral. La Fiscalía continuará recabando documentos, declaraciones y otros elementos para determinar si corresponde formalizar una investigación contra ambos médicos.
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