Golpe a la minería ilegal: destruyen campamentos y maquinaria oculta en la selva

El operativo se desarrolló en la quebrada del río Pintuyacu, donde las autoridades estimaron una afectación de aproximadamente 30 hectáreas de bosque. Los ocupantes huyeron antes de la intervención. Un operativo contra la minería ilegal permitió ubicar e incinerar campamentos, maquinaria y equipos utilizados para la extracción de oro en la quebrada del río Pintuyacu, en la jurisdicción de las comunidades nativas de Quimpichari y Samiri, en la provincia de Puerto Inca. Participaron efectivos de la Policía de Medio Ambiente de Huánuco, un fiscal especializado y representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, el Sernanp y El Sira. El despliegue, dirigido por el comandante PNP Sandro Mario Vilca Samán, comenzó durante la madrugada e incluyó un recorrido en vehículo y el cruce a pie de un río. Las autoridades no encontraron a los responsables. Mediante drones advirtieron que los ocupantes abandonaron el lugar y detectaron dos máquinas pesadas que presuntamente intentaron ocultar entre la vegetación. También detectaron motociclistas que habrían cumplido funciones de vigilancia. La zona intervenida contaba con una infraestructura poco habitual para un asentamiento clandestino. Los agentes encontraron dos campamentos con energía eléctrica, servicio de Internet, paneles solares, antenas, equipos de radio y otros medios de comunicación. El inventario incluyó cuatro excavadoras sobre orugas, cuatro motores chinos, cuatro chutes gravimétricos portátiles, cuatro generadores eléctricos, cuatro bombas de succión y aproximadamente 1400 galones de combustible. Asimismo, se hallaron 1000 metros de tubería, 1500 metros de manguera y 900 metros de alfombra clasificadora. Según la evaluación preliminar realizada durante la incursión, la actividad minera habría provocado la deforestación de unas 30 hectáreas en las inmediaciones del río Pintuyacu. Las autoridades también advirtieron una posible contaminación de los cursos de agua y del suelo, además de daños a la flora y fauna silvestres. Los indicios recogidos serán incorporados a la investigación fiscal para identificar a quienes financiaban y operaban este punto de extracción. Las diligencias también deberán determinar el alcance del daño ambiental ocasionado dentro del territorio intervenido.