Dos adolescentes identificados con las iniciales B. S. y M. V., ambos de 15 años, recibieron una medida socioeducativa de un año de internación por su responsabilidad en una infracción a la ley penal contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, cometida en perjuicio de una comerciante. La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de Familia, luego de evaluar los elementos presentados por la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado. La investigación estuvo a cargo de la fiscal provincial María del Carmen Ayasta Vallejo. El robo ocurrió el 4 de julio de 2026, aproximadamente a las 12:30 p. m., en una bodega situada en el jirón Saposoa, perteneciente a la Asociación de Vivienda Los Laureles, distrito de Castillo Grande. De acuerdo con la investigación fiscal, B. S. ingresó inicialmente al establecimiento con el rostro descubierto para observar el lugar. Minutos después regresó acompañado de M. V. Ambos llevaban pasamontañas negros para evitar ser reconocidos. Una vez dentro del negocio, los adolescentes habrían amenazado a la propietaria, identificada como E. Paucar, para impedir que solicitara ayuda. Durante el forcejeo y los pedidos de auxilio de la víctima, M. V. tomó una caja de chocolates de una vitrina. Posteriormente, ambos escaparon a bordo de una motocicleta lineal cuya placa de rodaje estaba cubierta. La alerta de los vecinos y la inmediata persecución de los agentes policiales permitieron intervenirlos en el sector Jacintillo. Durante las diligencias se encontraron objetos presuntamente relacionados con el robo, entre ellos un arma blanca y prendas que habrían sido utilizadas por los adolescentes durante la incursión. En el proceso judicial, la Fiscalía sustentó declaraciones, actas de registro personal e inspección técnica, evaluaciones psicológicas y grabaciones de cámaras. Estos elementos permitieron al juzgado establecer la responsabilidad de los menores. Ambos adolescentes cumplen la medida socioeducativa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, donde reciben tratamiento individualizado dirigido a favorecer su rehabilitación y posterior reinserción social. El órgano jurisdiccional también estableció el pago solidario de 500 soles por concepto de reparación civil a favor de la comerciante agraviada.
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