Dos integrantes del semanario Hildebrandt en sus Trece denunciaron que fueron intimidados con disparos por agentes de seguridad privada mientras documentaban daños atribuidos a la minería ilegal en las inmediaciones del cementerio de Chauchilla, en Nasca, región Ica. El hecho fue reportado por los propios reporteros y condenado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Según la denuncia difundida, el periodista Adrián Sarria y el fotógrafo César Zamalloa se encontraban en la zona cuando escucharon detonaciones. Los tiros, de acuerdo con el reporte, fueron efectuados al aire con el propósito de obligarlos a abandonar el lugar. Los periodistas realizaban una investigación sobre afectaciones en un sector vinculado con el área intangible de las Líneas de Nasca.
El equipo de prensa se desplazaba junto con el guardián del sitio arqueológico. Durante el retiro del sector, el grupo fue interceptado por un agente de seguridad que portaba distintivos de la agroexportadora ProAgro y que fue identificado con el apellido Cabanillas. Siempre según el reporte, el trabajador les exigió identificarse y les indicó que habían ingresado a una propiedad privada.
La versión de los periodistas
De acuerdo con la denuncia, el agente de seguridad reconoció que se habían utilizado armas de fuego y lanzó amenazas contra el guardián que acompañaba a los periodistas. La información recogida durante la investigación señala que en el área también opera un fundo de la agroexportadora ProAgro.
El semanario había publicado antecedentes sobre la preocupación por la expansión de la actividad minera en sectores cercanos a las Líneas de Nasca y por los posibles efectos sobre el paisaje arqueológico. La cobertura se centraba en los daños provocados por la minería ilegal en una zona protegida que forma parte del entorno de los geoglifos.
La actuación policial y el pronunciamiento del IPYS
Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para elaborar un acta sobre lo ocurrido. Sin embargo, los presuntos responsables de los disparos se negaron a proporcionar sus nombres y tampoco firmaron el documento policial. Ese registro constituye una de las actuaciones posteriores a la denuncia presentada por los integrantes del semanario.
Hasta la información proporcionada, no se detallaron medidas adicionales de las autoridades frente a los agentes de seguridad que estuvieron en el lugar.
El IPYS calificó el hecho como una agresión violenta contra profesionales de prensa que investigaban un tema de alto interés público. La organización remarcó que las amenazas y el uso de disparos como mecanismo de intimidación afectan el ejercicio del periodismo.
El instituto también advirtió que la cobertura de actividades que pueden comprometer patrimonio arqueológico, recursos naturales o intereses empresariales exige garantías para los periodistas y para las personas que aportan información desde el territorio. En este caso, el guardián del sitio arqueológico también fue objeto de amenazas durante la intervención del agente privado.
De acuerdo con la información disponible, la investigación sobre los daños en el entorno de las Líneas de Nasca continúa en manos de las instancias correspondientes, mientras la denuncia por la agresión permanece en el registro policial sin la identificación de los presuntos responsables.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.