El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra dos suboficiales de la Policía Nacional investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio, tras ser acusados de solicitar dinero a un conductor durante una intervención realizada en agosto de 2024, en la provincia de Leoncio Prado. La medida restrictiva fue impuesta contra los agentes de iniciales J. B. A. y W. A. G., quienes permanecerán internados en un establecimiento penitenciario mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias destinadas a esclarecer los hechos. Durante la audiencia, el juez valoró la declaración ofrecida por el denunciante, quien sostuvo que los efectivos le habrían exigido una suma de dinero en el contexto de una intervención vehicular. Asimismo, consideró la gravedad del delito atribuido y la eventual pena que podría imponerse en caso de una sentencia condenatoria, la cual superaría los cinco años de prisión. Otro de los aspectos evaluados por el magistrado estuvo relacionado con los domicilios proporcionados por los investigados. Según lo expuesto, se habrían detectado contradicciones o inconsistencias que no permitían acreditar plenamente un arraigo domiciliario sólido. También se tomó en cuenta que los dos suboficiales no se presentaron a la formación policial el día en que debía ejecutarse la orden de detención. Esta conducta fue interpretada por el juzgado como un elemento que podría revelar peligro de fuga o intención de evadir la acción de la justicia. La defensa de los investigados cuestionó la decisión y argumentó que no existirían pruebas directas que acrediten la presunta solicitud de dinero. Señaló que durante la investigación no se habrían presentado grabaciones, audios, videos, transferencias bancarias u otros registros que demuestren de manera objetiva la entrega o el requerimiento de la supuesta coima. Los familiares también expresaron su rechazo a la medida, asegurando que existirían testimonios capaces de respaldar que la intervención se realizó dentro de los procedimientos regulares. Sin embargo, indicaron que dichas declaraciones no habrían sido incorporadas oportunamente al expediente.
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