Dictan diez meses de prisión preventiva a dos investigados por terrorismo en Huánuco

Macario Juanan Resurrección y Andrés Alejo Penadillo permanecerán recluidos mientras avanzan las diligencias. Sus familiares rechazaron las imputaciones y exigieron una investigación exhaustiva. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó diez meses de prisión preventiva contra Macario Juanan Resurrección, de 61 años, y Andrés Alejo Penadillo, de 56, investigados por la presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado. La decisión judicial cambia la situación procesal de ambos hombres, quienes habían sido detenidos preliminarmente durante operativos ejecutados en el centro poblado de Utao, distrito de Churubamba, y en la ciudad de Huánuco. Ahora permanecerán recluidos mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias para esclarecer el caso. De acuerdo con la tesis de la investigación, Juanan Resurrección y Alejo Penadillo habrían pertenecido al Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso. La base habría operado en sectores de Churubamba entre 1993 y 2011. Las autoridades también indagan su presunta participación en hechos violentos en diferentes poblados del distrito, los cuales, según la imputación, ocasionaron la muerte de 17 personas. La imputación deberá ser acreditada durante el proceso judicial en curso y no constituye, hasta ahora, un hecho establecido mediante sentencia. Frente a la medida, los familiares de ambos investigados negaron que hayan integrado la organización terrorista y rechazaron las acusaciones formuladas en su contra. Asimismo, solicitaron que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar con precisión las responsabilidades. La prisión preventiva es una medida cautelar y no representa una condena anticipada. Durante los diez meses fijados por el juzgado, la Fiscalía deberá continuar con la recopilación de testimonios, documentos y otros elementos vinculados al caso. Juanan Resurrección y Alejo Penadillo mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca responsabilidad penal.