J. P., de 30 años, fue condenado a ocho años, diez meses y nueve días de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas, en un caso que comenzó con el hallazgo de pasta básica de cocaína en una encomienda en Tingo María. La carga contenía siete kilos con 112 gramos de esa sustancia.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, sede Tingo María, obtuvo la sentencia después de una investigación que comprendió actuaciones allí y en Lima. El juzgado también impuso sanciones económicas, inhabilitación y el decomiso definitivo de lo incautado.
Droga estaba oculta en una caja para frutas
Los hechos se remontan al 17 de octubre de 2025. Ese día, personal policial de inteligencia recibió información sobre un traslado de droga oculta en la bodega de un bus de una empresa de transportes. Entonces, se realizó una intervención en el local de la compañía.
El establecimiento estaba ubicado en la avenida Enrique Pimentel, en Tingo María. Durante la actuación policial se encontró una caja de madera acondicionada para transportar frutas. En su interior había paquetes que contenían pasta básica de cocaína, según los resultados de la investigación fiscal.
Entrega vigilada terminó con intervención en Lima
El hallazgo dio paso a una operación de entrega vigilada autorizada por la Fiscalía. Mediante ese procedimiento, la encomienda fue rastreada hasta Lima, con el objetivo de intervenir a quien recibiera la carga ilícita. La actuación permitió continuar el seguimiento más allá del punto donde se detectó la sustancia.
El 18 de octubre de 2025, un día después de la intervención en Tingo María, el destinatario fue intervenido en flagrancia en Lima. La secuencia descrita por el Ministerio Público vincula el descubrimiento de los paquetes en la empresa de transportes con la posterior recepción de la encomienda en la capital.
El peso neto de la droga incautada fue de siete kilos con 112 gramos de pasta básica de cocaína. Esa cantidad corresponde a la sustancia encontrada dentro de los paquetes, y constituye uno de los datos centrales del caso por el que se dictó condena.
Juzgado ordenó reparación civil y decomiso
Además de la pena de cárcel efectiva, el Juzgado Penal impuso 207 días-multa y ordenó el pago de S/ 25 000 por reparación civil a favor del Estado. Se trata de obligaciones distintas: la multa forma parte de la sanción penal y la reparación corresponde al resarcimiento dispuesto.
La sentencia también estableció la inhabilitación del condenado y el decomiso definitivo de la droga y otros bienes incautados durante las actuaciones.










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