Dos estudiantes universitarios de Derecho fueron condenados por extorsión agravada contra el propietario del restaurante Cabaña Grill JyM, ubicado en Tingo María, provincia de Leoncio Prado. Los sentenciados fueron identificados como Ray Jesús Ganz Rodríguez (20) y Sebastián David Cáceres Vega (19), quienes aprovecharon sus vínculos laborales con el establecimiento para obtener información y amenazar al empresario.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado consiguió la sentencia luego de acreditar la participación de ambos jóvenes en los hechos registrados desde el 22 de febrero de 2026.
Según la investigación fiscal, el propietario comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes mediante WhatsApp, en los que desconocidos le exigían el pago de cupos bajo amenazas contra su integridad física, sus familiares y trabajadores.
La gravedad de las intimidaciones obligó al empresario a cerrar temporalmente su restaurante, afectando sus actividades comerciales. Ante el temor de que las amenazas se concretaran, decidió presentar una denuncia ante la Policía Nacional.
Aprovecharon información del restaurante
Las diligencias policiales y fiscales permitieron establecer que los responsables conocían el funcionamiento interno del negocio debido a sus vínculos laborales.
La investigación determinó que uno de los implicados enviaba los mensajes extorsivos, mientras que el otro proporcionaba información sobre los movimientos del propietario y las actividades del establecimiento.
Ambos fueron detenidos durante febrero y posteriormente recibieron nueve meses de prisión preventiva, medida dictada mientras continuaban las investigaciones.
Reconocieron responsabilidad durante juicio
Durante el juicio oral, los acusados se acogieron a la conclusión anticipada del proceso y reconocieron su responsabilidad penal.
La fiscal adjunta provincial Carina Arana Pimentel sustentó la acusación que culminó con una condena de siete años, cinco meses y cuatro días de pena privativa de libertad, cuya ejecución fue comunicada como suspendida.
El fallo estableció responsabilidades como autor y cómplice primario del delito de extorsión agravada, respectivamente.
Además, el juzgado dispuso que ambos sentenciados cumplan reglas de conducta y paguen solidariamente una reparación civil de S/ 4,000 a favor del empresario agraviado.
También ordenó el decomiso de los teléfonos celulares utilizados para cometer el delito.
La sentencia cierra una etapa del proceso penal iniciado tras la denuncia del comerciante, quien tuvo que interrumpir sus actividades por las amenazas recibidas. El cumplimiento de las disposiciones judiciales quedará sujeto al control correspondiente.










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