Silverio Ugarte Dionicio, conocido con el alias de ‘Romel’, fue condenado a 35 años de prisión efectiva por integrar la organización terrorista Sendero Luminoso y participar en dos sangrientos atentados perpetrados durante 2007 en las regiones Huánuco y San Martín.
La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, luego de que la Fiscalía acreditara la responsabilidad del acusado en ataques que dejaron diez personas fallecidas: ocho agentes de la Policía Nacional, un representante del Ministerio Público y un ciudadano.
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, Ugarte Dionicio integró el denominado Comité Regional Huallaga de Sendero Luminoso entre marzo y noviembre de 2007. Durante ese periodo habría formado parte de columnas armadas encargadas de ejecutar emboscadas contra efectivos policiales.
Emboscada en Marañón
El primer atentado ocurrió el 12 de abril de 2007 en el sector Churuyacu, provincia de Marañón. Según la acusación fiscal, ‘Romel’ y otros integrantes de la organización terrorista interceptaron a un contingente policial y abrieron fuego contra sus ocupantes.
La violenta incursión provocó la muerte de cinco miembros de la Policía Nacional y de un ciudadano que se encontraba en el lugar. Las pruebas presentadas durante el juicio permitieron vincular al sentenciado con la planificación y ejecución del ataque armado.
Dos meses después, el 14 de junio, Ugarte habría participado en otra acción terrorista registrada a la altura del kilómetro 21 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región San Martín. En aquella oportunidad, un grupo de asalto atacó un vehículo policial.
Como consecuencia de la emboscada murieron tres policías y el fiscal Arturo Artemio Campos Vicente, quien pertenecía a la Fiscalía Provincial Mixta de Tocache.
Reparación e inhabilitación
Además de los 35 años de cárcel, el tribunal ordenó que Silverio Ugarte pague S/500 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado. También le impuso cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 120 días multa.
El Ministerio Público destacó que la sentencia fue conseguida por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco. La institución sostuvo que la decisión reafirma el compromiso de investigar y sancionar delitos que afectan la tranquilidad pública y atentan contra el orden constitucional y democrático del país.
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