Más de 24 años después del asesinato de Liberata Fernández, el Poder Judicial condenó a Lucio Huerta a 15 años de prisión efectiva por el delito de parricidio. La Fiscalía acreditó que el sentenciado estranguló a su conviviente con una corbata, enterró su cuerpo en el huerto de la vivienda y luego huyó.
El crimen ocurrió a mediados de agosto de 2002, en un inmueble del pueblo joven Víctor Raúl Haya de la Torre, distrito de Rupa Rupa. Según la tesis fiscal aceptada por la Sala Penal, la pareja atravesaba constantes conflictos y la víctima había recibido amenazas de muerte antes del ataque.
Huerta acabó con la vida de Fernández mediante asfixia mecánica por estrangulación y le ocasionó traumatismos corporales. Después del crimen, llevó el cadáver hasta el huerto colindante de la casa y lo enterró a una profundidad aproximada de 60 centímetros. Para ocultarlo, utilizó cal y plástico.
El acusado abandonó el lugar junto con su hijo menor y permaneció en la clandestinidad. El cuerpo no fue descubierto. Recién el 28 de junio de 2003, el hijo mayor de la víctima encontró restos óseos mientras realizaba trabajos de excavación en el terreno.
El hallazgo permitió activar las investigaciones y las pericias médico-legales y forenses confirmaron que los restos correspondían a Liberata Fernández. A partir de ese momento, los investigadores reconstruyeron lo ocurrido dentro del inmueble y reunieron los indicios que serían presentados ante el tribunal.
La acusación fue sustentada en juicio oral por la fiscal adjunta superior Marilyn Caballero Baldoceda, representante de la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado. Entre los elementos probatorios se consideraron la vinculación de Huerta con el lugar del crimen, el descubrimiento del cadáver dentro del predio compartido, las declaraciones de los testigos, los resultados periciales y la prolongada fuga del acusado.
La valoración conjunta de estas pruebas permitió demostrar su responsabilidad penal y obtener una condena efectiva. Además de los 15 años de cárcel, la Sala Penal ordenó que Huerta pague 4 mil soles de reparación civil a favor de los deudos de la víctima.
La sentencia pone fin a una extensa espera judicial y sanciona un crimen marcado por la violencia, el ocultamiento del cadáver y la fuga. Para la Fiscalía, el fallo reafirma su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.