La tensión por la minería ilegal alcanzó uno de sus momentos más críticos en Cajamarca, donde un grupo de aproximadamente cien personas irrumpió en la comisaría de Hualgayoc para liberar a siete detenidos investigados por actividades vinculadas a la extracción ilegal de oro. El ataque dejó en evidencia el poder que han alcanzado las organizaciones relacionadas con esta economía ilícita.
Asalto a la comisaría de Hualgayoc
Todo comenzó tras un operativo ejecutado por las autoridades en un socavón de oro ilegal, donde siete personas fueron intervenidas en flagrancia. Luego de que el Poder Judicial dictara siete meses de prisión preventiva contra los investigados, un numeroso grupo de manifestantes se concentró frente a la dependencia policial.
De acuerdo con el acta oficial, los únicos cuatro policías que permanecían de servicio fueron ampliamente superados por la cantidad de atacantes. La turba ingresó por la fuerza tras romper los accesos de la comisaría y agredió físicamente a los agentes para rescatar a los detenidos.
Horas después del violento episodio, las fuerzas del orden desplegaron un operativo que permitió recapturar a dos de los prófugos, mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de implicados que lograron escapar durante el asalto.
Operativo en Madre de Dios: desarticulan organización armada
En paralelo a los hechos registrados en Cajamarca, las autoridades desarrollaban otra intervención contra la minería ilegal en la región Madre de Dios. En esa operación, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas detectaron una organización de seguridad armada conocida como “Los Guardianes de la Pampa” o “Sindicato”, dedicada presuntamente a proteger campamentos de extracción ilegal.
Las investigaciones identifican como presunto líder del grupo a Edinson Fernández Pérez, alias “El Chili”. Entre los más de veinte detenidos también fueron hallados tres suboficiales del Ejército del Perú, quienes, según las pesquisas, aprovechaban sus vacaciones y licencias médicas para brindar seguridad armada a las operaciones ilegales.
Durante el operativo, las autoridades incautaron fusiles AKM, munición para fusiles AR-15, pistolas de 9 milímetros, granadas de mano y una carabina equipada con trípode y mira telescópica instalada en un punto elevado del campamento. Asimismo, encontraron botellas con mercurio que era utilizado para el procesamiento del mineral extraído.
La intervención también permitió confirmar el impacto ambiental que viene ocasionando esta actividad ilícita dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, específicamente en la zona de Boquichico, tras cruzar el río Malinowski.
El avance de la minería ilegal y la falta de recursos
La fiscal adjunta superior de la FEMA, Ana María Trillo, informó que el desbosque provocado por las operaciones clandestinas ya alcanza una superficie equivalente a todo el distrito limeño de Breña, lo que representa más de 400 estadios de fútbol de bosque primario destruidos.
Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades advierten que la minería ilegal continúa fortaleciendo redes criminales vinculadas a otros delitos como la trata de personas, la extorsión y el sicariato, ampliando su presencia en distintas regiones del país.
En medio de este escenario, el fiscal Frank Almanza cuestionó la falta de recursos destinados a combatir este fenómeno y denunció que las fiscalías especializadas en minería ilegal operan durante este 2026 con presupuesto cero, situación que, según advirtió, limita la capacidad del Estado para enfrentar el crecimiento de estas organizaciones criminales.
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