Un traslado de droga culminó con dos hombres enviados a prisión preventiva en Tingo María. El Poder Judicial dictó nueve meses de cárcel preventiva contra Aníbal Atero y Saúl Jara, investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser intervenidos con más de 47 kilos de presunta marihuana.
La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas — Sede Tingo María, que sustentó ante el juzgado la existencia de graves y fundados elementos de convicción contra ambos investigados. Para el Ministerio Público, la cantidad de droga hallada, la forma en que fue acondicionada y las circunstancias de la intervención evidencian que la sustancia no era para consumo personal, sino que habría tenido como destino la comercialización.
El hecho se registró el 11 de junio de 2026, cuando personal del DEPOTAD–Santa Lucía intervino un vehículo en el que se desplazaban los dos investigados. Durante el registro de la unidad, los agentes encontraron cuatro paquetes cuidadosamente acondicionados en bolsas de polietileno.
Al revisar el contenido, se hallaron hojas, tallos y semillas que fueron sometidos a las pruebas de orientación química correspondientes. El resultado fue positivo para Cannabis Sativa, conocida como marihuana. El peso bruto de la sustancia incautada alcanzó los 47.750 kilogramos.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los elementos recogidos durante la intervención vincularían directamente a Aníbal Atero y Saúl Jara con el presunto traslado de la droga. Además, argumentó que se cumplían los presupuestos legales para imponer prisión preventiva, mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer el origen, la ruta y el destino final de la sustancia incautada.
Tras evaluar el requerimiento fiscal, el órgano jurisdiccional declaró fundado el pedido y dispuso que ambos investigados permanezcan recluidos por el plazo de nueve meses.
Este caso vuelve a poner en evidencia el uso de rutas en la zona de Leoncio Prado para el presunto traslado de droga, una modalidad que las autoridades buscan frenar mediante intervenciones, incautaciones y procesos judiciales contra los presuntos responsables.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María informó que continuará con las investigaciones para determinar si los intervenidos actuaban de manera individual o si formarían parte de una red dedicada al acopio, transporte y comercialización de estupefacientes en la región.
Mientras tanto, Aníbal Atero y Saúl Jara afrontarán la investigación privados de su libertad, en un proceso que podría derivar en una acusación formal por tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano.
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