El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público finalizar la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, vinculada a la polémica desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que asistía al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, declaró fundado el pedido de control de plazo interpuesto por la defensa de Boluarte, quien enfrenta acusaciones por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad.
Esta decisión judicial insta a la Fiscalía a definir si formulará una denuncia constitucional contra la mandataria o si, por el contrario, archivará el caso. La medida responde a la solicitud de la defensa de Boluarte de controlar los tiempos de la investigación, debido a que el plazo inicial, que concluía el 9 de julio de 2024, fue extendido dos semanas después, lo cual contraviene las normativas que exigen que cualquier prórroga se emita antes del vencimiento del plazo original. Según la resolución, “la ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes de que este venza”, por lo que en este caso la solicitud resulta inválida.
La Desactivación del Equipo PNP y el Caso “Waykis en la Sombra”
La controversia en torno a la desactivación del Equipo Especial PNP surgió en medio de una investigación que involucra al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y a su exabogado, Mateo Castañeda, vinculados al caso “Waykis en la Sombra”. Curiosamente, la disolución del equipo, dirigida por el exministro del Interior Walter Ortiz, se llevó a cabo un día antes de que se ordenara la detención de Nicanor Boluarte y Castañeda, lo que generó suspicacias sobre el posible uso del poder para evitar investigaciones a familiares cercanos a la presidenta.
Ortiz justificó la decisión argumentando una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). No obstante, la coincidencia en los tiempos generó sospechas de que la desactivación del equipo PNP fue, en realidad, un acto de encubrimiento para evitar que se investigue a figuras cercanas a la mandataria.
Problemas de Coordinación en la Fiscalía Retrasan la Investigación
La resolución emitida por el juez Checkley también deja al descubierto la descoordinación entre los despachos de la Fiscalía, lo que retrasó el desarrollo de la investigación. El caso pasó por una serie de cambios de despacho y decisiones contradictorias que causaron dilaciones, contribuyendo al vencimiento del plazo de la investigación preliminar.
El 20 de junio de 2024, el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, remitió el caso a la Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo de Pablo Sánchez, en un intento de transferir la responsabilidad. Sin embargo, el despacho de Sánchez devolvió la investigación el 24 de junio, indicando que no se encontraba en condiciones de asumir el caso. La Fiscalía de la Nación rechazó este traspaso y lo devolvió a la Primera Fiscalía Suprema Penal, cuya titular finalmente decidió elevar el asunto a la Junta de Fiscales Supremos, quienes determinaron, el 10 de julio, que Pablo Sánchez debía continuar con la investigación. No obstante, Sánchez se encontraba de vacaciones hasta el 22 de julio, lo que postergó aún más el proceso.
Finalmente, el 24 de julio, la Primera Fiscalía Suprema Penal solicitó una extensión del plazo por 60 días adicionales. Sin embargo, la defensa de Boluarte argumentó que el retraso en los trámites hacía inválida esta prórroga. Este “peloteo” administrativo derivó en que el control de plazo solicitado por la defensa de Boluarte fuera declarado fundado por el juez, lo que obliga a la Fiscalía a cerrar la investigación.
Las Implicancias del Fallo Judicial: ¿Archivamiento o Denuncia Constitucional?
La conclusión de la investigación coloca al Ministerio Público en una encrucijada: debe decidir si presenta una denuncia constitucional contra Dina Boluarte o archiva el caso. En caso de optar por una denuncia, la presidenta podría enfrentar un proceso político en el Congreso. Sin embargo, el fallo del juez Checkley deja en claro que los tiempos procesales no fueron respetados, un aspecto que la defensa podría utilizar para alegar que la investigación carece de fundamentos sólidos.
Para la Fiscalía, este fallo significa un revés en uno de los casos más sensibles que involucra a una alta autoridad del Estado. La desactivación del Equipo Especial PNP, dirigida por el coronel Harvey Colchado, generó críticas debido a su importante papel en la lucha contra la corrupción en el país. Además, la proximidad de la decisión con la orden de detención de personas cercanas a Boluarte intensificó las sospechas de interferencia.
Reacciones y Perspectivas: ¿Cómo Impactará este Fallo en la Presidencia de Boluarte?
La decisión judicial de cerrar la investigación podría aliviar temporalmente a la administración de Dina Boluarte, pero no necesariamente elimina el impacto político del caso. La opinión pública y algunos sectores del Congreso han manifestado su descontento por la desactivación del equipo liderado por Colchado, y persisten las dudas sobre la transparencia de las acciones del Ejecutivo.
En un contexto de elevada sensibilidad frente a casos de corrupción y abuso de poder, el desenlace de esta investigación podría influir en el apoyo político hacia Boluarte. La presidenta ha enfrentado otros cuestionamientos que han mermado su popularidad y que han incentivado a ciertos sectores del Congreso a considerar mociones de vacancia. Si bien este fallo no concluye con una condena o una denuncia formal, el hecho de que la Fiscalía no haya logrado llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias podría ser interpretado por la opinión pública como una falta de rigor en la lucha contra la corrupción.
En conclusión, la resolución del juez Checkley ordena el cierre de la investigación preliminar y pone en manos de la Fiscalía la responsabilidad de determinar si existe mérito para presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Este fallo también expone la falta de coordinación en los altos mandos de la Fiscalía, que ha sido un obstáculo para la agilidad y efectividad en la resolución de casos de alta relevancia en el país.
Este artículo se ha elaborado con base en el informe de Mariana Quilca Catacora para La República.
