Congreso impulsa vacancia de Boluarte por caso Rolex, derechos humanos y crisis económica

La congresista Susel Paredes ha iniciado una recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, alegando “incapacidad moral” en su gestión. La moción argumenta que la presidenta ha incurrido en faltas graves, entre las que se encuentran el denominado “Rolexgate”, el presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón, violaciones de derechos humanos durante protestas y un manejo cuestionable de la economía y la seguridad en el país. Paredes requiere al menos 26 firmas para que la moción sea debatida en el Pleno del Congreso.

La propuesta de vacancia se basa en el artículo 113.2 de la Constitución, que permite declarar la incapacidad moral del Presidente de la República, lo cual abriría la vía a la sucesión presidencial según el artículo 115.

Los Cuestionamientos a Boluarte: Caso “Rolexgate” y Presunta Protección a Cerrón

Uno de los elementos centrales de la moción es el escándalo conocido como «Rolexgate». Según el documento, Boluarte habría sido vista utilizando relojes de lujo de origen incierto, lo cual generó sospechas sobre posible enriquecimiento ilícito. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar debido a contradicciones en las explicaciones de la presidenta sobre la procedencia de estos artículos. Uno de los relojes sería un Rolex supuestamente prestado por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ha sido señalado por recibir fondos mediante decretos de urgencia promovidos por Boluarte, lo que agrava las sospechas de corrupción.

Otro punto crucial en la moción es la presunta protección que la Presidencia estaría brindando al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En particular, se menciona el uso de un vehículo presidencial, apodado “Dinamóvil”, que habría facilitado la movilidad de Cerrón para evitar ser detectado. Esta acusación se basa en audios de una conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, en los que supuestamente se mencionan instrucciones para evitar detener el vehículo presidencial que, según se indica, era utilizado por Cerrón en febrero de este año.

Derechos Humanos y Represión en Protestas Sociales

La moción también acusa a Boluarte de violaciones graves a los derechos humanos en el marco de las protestas y movilizaciones sociales. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las protestas ha sido excesiva, resultando en más de 60 muertes y cientos de heridos desde diciembre de 2022. Esta represión ha generado críticas de organismos nacionales e internacionales, quienes ven en estas acciones un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión en el país.

Crisis Económica y Aumento de la Pobreza

La gestión económica de Boluarte también ha sido duramente criticada. Según la moción, el déficit fiscal en 2024 alcanzó el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más alto desde 1992, mientras que la inflación ha sobrepasado el crecimiento económico. La pobreza monetaria afecta actualmente al 29% de la población, lo cual significa que casi 10 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, siendo Cajamarca y Puno las regiones más afectadas. La moción argumenta que esta situación de crisis está impactando negativamente en el bienestar de los ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

En términos de seguridad, el aumento de la criminalidad y la violencia también preocupa. En 2024, Perú registró más de 1,600 homicidios, alcanzando cifras récord desde 2017. Esta situación ha derivado en paros de transportistas y en demandas de mayores medidas de seguridad por parte de la ciudadanía, que denuncia la falta de respuestas efectivas del gobierno ante el incremento de casos de extorsión y sicariato en zonas urbanas.

Silencio de Dina Boluarte ante la Prensa y Limitación de la Libertad de Expresión

Otro aspecto señalado en la moción es la supuesta actitud de Boluarte hacia la libertad de prensa y expresión. El documento menciona el despido del artista César Aguilar y la suspensión de eventos culturales en los que participaron artistas críticos de su gobierno. Además, resalta que la presidenta ha evitado dialogar con la prensa por más de 100 días, lo cual, según los congresistas promotores de la vacancia, evidencia una falta de transparencia en su gestión y un desprecio hacia los medios de comunicación. En una reciente conferencia de prensa, Boluarte se negó a responder varias preguntas, lo cual ha sido interpretado por los parlamentarios como una muestra de su falta de disposición para rendir cuentas.

Legislación Controvertida y Concentración de Poder

La moción de vacancia también denuncia que el gobierno de Boluarte y el Congreso han impulsado leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado y favorecen intereses económicos que podrían estar vinculados a actividades ilegales. Según el documento, una de estas leyes propone reformas en el sistema de justicia que otorgan mayor control al Ejecutivo, comprometiendo la independencia judicial y fomentando una concentración de poder en la presidencia. La moción advierte que esta iniciativa podría afectar la transparencia y la justicia en el país, agravando la crisis institucional y la desconfianza pública.

Reacciones en el Congreso y el Camino de la Vacancia

El proceso de vacancia en Perú exige que la moción sea admitida en el Pleno con al menos 26 firmas. Posteriormente, debe ser debatida y votada. Para aprobar la vacancia presidencial, se requiere el respaldo de al menos dos tercios del total de congresistas. Si bien esta es una cifra elevada, la movida de Paredes ha generado respaldo en ciertos sectores del Congreso que también cuestionan la gestión de Boluarte y consideran que sus acciones afectan la moral del país.

En caso de que la vacancia proceda, el artículo 115 de la Constitución Política del Perú establece la línea de sucesión presidencial. Esto significaría que, en caso de destitución, el vicepresidente o el presidente del Congreso asumiría el cargo.

El contexto actual, sin embargo, es tenso, ya que las divisiones internas en el Congreso y la falta de consenso en torno a la figura de Boluarte podrían dificultar la obtención de los votos necesarios para la vacancia. La propuesta, además, plantea preguntas sobre la estabilidad política en Perú, un país que ha vivido varios cambios de presidente en la última década.

Este artículo ha sido elaborado con base en el informe de Daniel Muñoz para Infobae.