La Tercera Sala Constitucional de Lima ha emitido una sentencia crucial en respuesta a una demanda de amparo presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Congreso de la República. Esta decisión, que afecta directamente la gestión de los consejeros de la JNJ, subraya la necesidad de que el Congreso defina claramente qué conductas se consideran faltas graves y qué sanciones corresponden a cada una, conforme al artículo 157º de la Constitución Política del Perú.En un fallo que declara fundada en parte la demanda de la JNJ, la Sala Constitucional ha anulado todas las acciones tomadas por el Congreso desde que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidió recomendar la destitución de seis consejeros de la JNJ. Estos consejeros incluyen a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Antonio de la Haza y María Zavala, quienes fueron objeto de una investigación sumaria aprobada inicialmente por el pleno del Congreso.Sin embargo, la sentencia mantiene en pie el acuerdo del 7 de septiembre de 2023, que encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una nueva investigación sumaria, esta vez con la condición de que se especifiquen las faltas graves previamente.
La resolución enfatiza que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos vulneró principios constitucionales básicos, como la tipicidad y la taxatividad, al no detallar con claridad las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones. Además, se señala que los derechos de los consejeros a un debido proceso y defensa adecuados fueron comprometidos.Este veredicto resalta una omisión legislativa del Congreso por no haber especificado las conductas que constituyen “causa grave” para la remoción de los miembros de la JNJ de sus cargos.
