Por: Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Hace ya meses que el Perú en general, y la capital en particular, vienen sufriendo la que es sin duda la mayor crisis de criminalidad urbana que hayamos tenido jamás. Y no mencionamos, desde luego, a lo ocurrido como consecuencia de la irrupción del terrorismo en la década del ochenta, que ello tuvo, como es sabido, características completamente distintas. Es caso es que nunca como ahora los peruanos nos hemos enfrentado a un contexto en el que es tal el nivel de inseguridad que se vive por doquier, que resulta prácticamente imposible sentirse seguro en ninguna parte. Y es que hemos llegado a un punto en el que ya no se puede hablar de la existencia de “zonas peligrosas”, como se decía antaño respecto de aquellos lugares en los que, por su sabido historial de delincuencia, se hacía preferible no transitar, por la simple y sencilla razón de que hoy casi no existe un punto del país que no lo sea. Esto es, no importa dónde se encuentre uno, si en su propia casa o en la misma calle, si en el barrio más venido a menos o en el mejor y más acaudalado de los distritos, pues igual correrá el riesgo de ser víctima de la delincuencia que, fatalidad de fatalidades, hace tiempo que le ganó la batalla a la ley y al orden. Y nadie parece saber qué hacer al respecto.
Que los tiempos difíciles suelan implicar a su vez la toma de medidas difíciles es completamente comprensible. No lo es, sin embargo, el hecho de que, aprovechándose de las nefastas circunstancias que vivimos, ciertos impresentables de nuestra política comiencen a querer engatusar a la gente ofreciendo la importación de “soluciones drásticas”, las mismas que, además de ser a todas luces inviables dadas las particularidades propias de nuestro país, tienen asimismo la desventaja adicional de resultar doblemente engañosas, habida cuenta de la sabida condición deleznable de los responsables de dichas mentiras.
Porque hay que ser bien malnacido para pretender hacernos creer que en el Perú se pueden aplicar las mismas medidas que en El Salvador, para hablar del ejemplo más ilustre de combate a la delincuencia que existe en la actualidad, a sabiendas de que en este existe una gran concentración del poder por parte del Ejecutivo, esto es, por parte de Nayib Bukele, hecho que ha llevado a la implementación de diversas medidas de control y represión, sin que de ello se derive una marcada resistencia institucional. Lo que no sucede, por supuesto, en el caso del Perú, donde el ejercicio del poder está mucho más descentralizado, ya que se cuenta con instituciones como el Congreso, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, que, a pesar de sus múltiples limitaciones, contribuyen a la existencia de un necesario contrapeso de poderes. Por lo que la aplicación de iniciativas que vulneren, por ejemplo, los derechos humanos, resultan difíciles de aplicar.
Además, hablar del Perú es hablar de un país en el que la delincuencia se encuentra de manera diversa, es decir, no se halla concentrada en bandas con unos niveles de organización y visibilidad como los de El Salvador, caracterizado por la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, grupos criminales caracterizados por el enorme control territorial y social que ejercen. Lo que tornaría inviable llevar adelante políticas centradas en encarcelamientos masivos, dada la condición de los delitos que por lo general se cometen en el Perú, mucho más fragmentada que en el caso de las pandillas salvadoreñas.
Por otro lado, en el supuesto de que en el Perú se pretendiera realizar esto último, es decir, que se llevasen a cabo encarcelamientos masivos, nos enfrentaríamos a la triste realidad de carecer de megacárceles que puedan albergar a los miles de detenidos que llegaríamos a tener, pues para nadie es un secreto que en nuestro país la infraestructura carcelaria se encuentra completamente colapsada. Por lo que sería imposible, en el corto plazo, contar con las instalaciones necesarias para el número de detenidos que se tendría.
Y si a todo lo anterior le sumamos el que, en el caso de El Salvador, Nayib Bukele ha podido llevar a cabo sus políticas de seguridad gracias, entre otras cosas, a que cuenta con un altísimo nivel de popularidad y, por tanto, con un envidiable respaldo social, salta a la vista que, tratándose de nuestro país, estamos muy lejos de poder ejecutar medidas controversiales como las de Bukele, pues en el Perú carecemos por completo de una figura política con sus mismos niveles popularidad. Por lo que cualquier iniciativa de aplicar políticas represivas similares acabaría a buen seguro enfrentando una férrea oposición por parte de la población y de la clase política.
Así que, a todos aquellos políticos que, movidos por el afán de protagonismo, han salido en los últimos días a pedir a voz en cuello que se apliquen en el país las medidas que han hecho famoso al señor Bukele, les decimos que se tomen el asunto con la seriedad con la que un problema de esta naturaleza se debe tomar. No haciendo lo que están acostumbrados a hacer. Que por una vez, al menos, piensen primero en el país.
