El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, ha revelado un preocupante deterioro en la lucha contra la corrupción en Perú. El país cayó del puesto 101 al 127 en la clasificación global de 180 países, registrando su peor puntaje en los últimos años con 31 puntos sobre 100.
Este descenso marca una clara tendencia negativa en los últimos años: en 2020, Perú alcanzó 38 puntos; en 2021 y 2022 bajó a 36; en 2023 descendió a 33 y ahora, en 2024, llegó a su nivel más bajo.
Factores que han agravado la crisis de corrupción en Perú
El informe señala que esta caída coincide con la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 en medio de una crisis política y actualmente enfrenta investigaciones por corrupción. Además, destaca que:
- Desactivación de equipos especializados en la lucha contra la corrupción.
- Aprobación de leyes que favorecen la impunidad, debilitando los controles institucionales.
- Crisis de inseguridad, donde la corrupción ha facilitado el aumento de extorsiones y sicariato.
El informe también advierte que más de dos tercios de los países evaluados en el ranking obtuvieron menos de 50 puntos, lo que indica que la corrupción sigue siendo un problema global.
Perú en el contexto regional y global
En América Latina, Perú (31 puntos) se encuentra entre los países con mayor corrupción, situándose entre Ecuador y El Salvador en la región. Además, en el grupo de países que buscan adherirse a la OCDE, solo supera a México (26 puntos).
Por otro lado, Venezuela se ubica como el país más corrupto de América Latina con apenas 10 puntos, seguido por Nicaragua (14), Haití (16), Honduras (22) y Paraguay (24).
En contraste, Uruguay (76 puntos) es el país más transparente de la región, seguido por Chile (63 puntos).
Corrupción y crisis climática: una amenaza para el medio ambiente
El informe también resalta la relación directa entre la corrupción y la crisis ambiental. En el caso de Perú, la aprobación de leyes que debilitan la protección ambiental, como la Ley Antiforestal, agrava la deforestación en la Amazonía y pone en riesgo a defensores ambientales, quienes han sido blanco de violencia en varios países con bajos puntajes en el IPC.
