El Perú ha experimentado un alarmante incremento en los índices de criminalidad durante la última década, según el reciente informe de la plataforma internacional Numbeo, que recopila datos sobre calidad de vida, costos y seguridad en 147 países. De acuerdo con esta lista, el país ocupa actualmente el puesto 10 entre las naciones con mayor criminalidad a nivel global, subiendo 30 posiciones desde el puesto 40 que registraba en 2015.
“El Perú tiene un índice de criminalidad de 67,12, colocándolo entre los 10 países más peligrosos del mundo. En Sudamérica, ocupa el segundo lugar después de Venezuela”, reveló el ingeniero Juan Carbajal, especialista en análisis de datos, a través de su cuenta de X. Según Redacción EC para El Comercio.
Cifras que reflejan la gravedad del problema
El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 193 homicidios a nivel nacional en lo que va del año 2025 (hasta el 2 de febrero), una cifra que evidencia un aumento significativo en comparación con años anteriores. Además, el informe de Numbeo sitúa a Lima en el puesto 23 del ranking de ciudades más peligrosas del mundo, con un índice de criminalidad de 70,66. En 2015, la capital peruana se ubicaba en el puesto 50.
En el contexto continental, Perú ocupa el sexto lugar en América, detrás de países como Venezuela, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago, y Jamaica. Si se consideran únicamente países sudamericanos, el Perú está en el segundo lugar, seguido de Colombia, mientras que los países más seguros de la región son Paraguay y Uruguay.
“La criminalidad en el Perú no solo se ha incrementado, sino que también ha cambiado en su naturaleza, adaptándose a nuevas formas delictivas que incluyen extorsiones, sicariato y delitos asociados a mercados ilegales”, explicó Noam López, experto en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP.
La transformación de la criminalidad en el Perú
Durante las décadas de los 80 y 90, la violencia en el Perú estaba principalmente asociada al terrorismo y las dictaduras militares. Sin embargo, en los últimos años, la delincuencia organizada ha tomado el control, desafiando abiertamente a los actores estatales y estableciendo redes que operan a nivel regional.
“Hoy enfrentamos una delincuencia organizada que genera entornos crónicos de inseguridad. Estas redes criminales no solo afectan la vida de las personas, sino que también fomentan la migración interna y externa, ya que muchas personas buscan escapar de la inseguridad y otras condiciones adversas”, comentó López.
Entre los cambios más notables en los patrones de criminalidad en el Perú se encuentran:
- Extorsiones y sicariato: Cada vez más vinculados al uso de armas de fuego y violencia extrema.
- Delitos en mercados ilegales: Como la minería y tala ilegal, que generan enfrentamientos armados y asesinatos.
- Incremento de la violencia intrafamiliar: Que continúa siendo uno de los problemas de seguridad más persistentes.
El impacto en la percepción ciudadana
La creciente inseguridad ha generado un cambio en la percepción de los ciudadanos respecto a las instituciones y las estrategias de seguridad. Según López, las víctimas de delitos suelen tener un bajo nivel de apoyo a la democracia y son más propensas a respaldar medidas autoritarias y punitivas.
“En ciudades con alta concentración de criminalidad, la confianza en las instituciones es mínima. Esto lleva a la población a exigir medidas rápidas, como operativos policiales agresivos, a pesar de que estas estrategias rara vez resuelven el problema de raíz”, indicó.
Causas estructurales del aumento de la criminalidad
De acuerdo con Frank Casas, experto en seguridad, la situación actual de inseguridad en el Perú está influenciada por varios factores:
- Acceso fácil a herramientas delictivas: La disponibilidad de armas, municiones y tecnología, como celulares y chips, facilita actividades como la extorsión.
- Economía informal debilitada: La desaceleración económica ha afectado a pequeños empresarios, quienes ahora son más vulnerables a las amenazas criminales.
- Corrupción e impunidad: Estas condiciones dificultan las investigaciones y el procesamiento de los delitos, permitiendo que los criminales operen con mayor libertad.
“La corrupción dentro de las instituciones de justicia y seguridad no solo debilita la respuesta del Estado, sino que también genera un entorno donde los mercados ilegales prosperan sin control”, señaló Casas.
¿Qué debe hacer el Gobierno para enfrentar la crisis?
Tanto López como Casas coinciden en que el Gobierno debe implementar medidas integrales para combatir la criminalidad. Entre las acciones más urgentes se encuentran:
- Reforma policial: Mejorar la logística, tecnología y formación de la Policía Nacional del Perú. Esto incluye la implementación de sistemas modernos de inteligencia y análisis de datos.
- Fortalecimiento de la fiscalía: Garantizar una colaboración efectiva entre las instituciones de seguridad y el sistema judicial para agilizar las investigaciones.
- Prevención temprana: Invertir en programas sociales que ocupen el tiempo de niños y adolescentes en riesgo, fomentando entornos libres de violencia.
- Modernización tecnológica: Adquirir softwares y sistemas de información que permitan identificar patrones delictivos y rastrear actividades criminales con mayor rapidez.
- Estrategias de inteligencia: Institucionalizar la dupla entre inteligencia y pesquisa para atacar las raíces del problema, en lugar de solo responder a incidentes individuales.
El desafío de coordinar esfuerzos
Otro punto crítico señalado por los expertos es la falta de coordinación entre los gobiernos locales, la Policía Nacional y las instituciones judiciales. A menudo, los municipios invierten en cámaras de vigilancia y patrulleros, pero descuidan las estrategias de prevención y educación ciudadana.
“Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para implementar soluciones sostenibles. Esto incluye educar a la población sobre la resolución pacífica de conflictos y promover liderazgos positivos en comunidades vulnerables”, destacó López.
Conclusión
El ascenso del Perú al puesto 10 en el ranking mundial de criminalidad refleja una realidad preocupante que requiere atención inmediata. La criminalidad ha evolucionado hacia formas más organizadas y violentas, alimentadas por la corrupción, la impunidad y la falta de coordinación institucional.
En este contexto, el Gobierno debe apostar por estrategias integrales que combinen la prevención, el fortalecimiento institucional y el uso de tecnología avanzada para devolver la seguridad y la confianza a la ciudadanía.
“Es momento de actuar con decisión y compromiso. El futuro de nuestras comunidades depende de la capacidad del Estado para enfrentar este problema con soluciones efectivas y sostenibles”, concluyó Casas.
