El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió a la reciente fuga de figuras de alto perfil involucradas en casos judiciales, como la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, el exgobernador Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Aunque evitó nombrarlos directamente, el titular del PJ enfatizó que todos deben cumplir con la disposición de ponerse a derecho y enfrentar los procesos legales que pesan en su contra.
“El control de captura de las personas es responsabilidad de la Policía. Una persona que tenga un problema judicial debe ponerse a derecho y defenderse”, señaló Arévalo en una entrevista con RPP Noticias.
El titular del PJ también cuestionó la extensión en el uso de la prisión preventiva, sugiriendo que esta medida debe aplicarse de forma “bastante restringida”. Sus declaraciones reabren el debate sobre el alcance de esta figura jurídica en un sistema judicial enfrentado a una creciente percepción de ineficacia y politización.
Elizabeth Peralta: del estrado judicial a la clandestinidad
Uno de los casos más mediáticos es el de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, quien pasó a la clandestinidad luego de que se le dictara prisión preventiva por 18 meses. Peralta es acusada de recibir un millón de dólares del empresario minero Javier Miu Lei a través del mediador y exconductor de televisión Andrés Hurtado.
Según la Fiscalía, el dinero habría tenido como objetivo devolver una carga de oro a Miu Lei, además de influir en la apertura de una investigación contra la empresa Paltarumi, competidora del empresario. Las declaraciones de Iván Siucho Neira, implicado en el caso, agravaron la situación de Peralta, quien ahora es buscada por las autoridades.
Nicanor Boluarte: un caso que pone en jaque al Gobierno
Otro caso que sacude la esfera política es el del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, a quien el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La Fiscalía acusa a Boluarte de liderar una red conocida como ‘Los Waykis en la sombra’, que habría utilizado su influencia para colocar personas afines en cargos estratégicos de entidades públicas. Esto, con el propósito de obtener beneficios económicos y consolidar la posición del partido Ciudadanos por el Perú.
El juez argumentó que, aunque Boluarte tiene arraigo familiar, no pudo demostrar arraigo domiciliario, laboral ni económico, lo que aumenta el riesgo de fuga. Su actual situación de “no habido” refuerza la percepción de impunidad en los casos que involucran a figuras cercanas al poder.
El caso Vladimir Cerrón: un prófugo que sigue influyendo
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también se encuentra en la clandestinidad tras ser condenado a cuatro años de prisión efectiva por el caso de aportantes fantasmas. Desde su escondite, Cerrón se ha mantenido activo en redes sociales, criticando al Gobierno y la coyuntura política del país.
“El país necesita justicia verdadera, no un show mediático que persigue a líderes políticos opositores”, manifestó Cerrón en una reciente publicación.
Su situación plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y policial para ejecutar órdenes de captura, especialmente en casos de alto perfil.
El debate sobre la prisión preventiva
En sus declaraciones, Javier Arévalo también puso sobre la mesa la discusión sobre la aplicación de la prisión preventiva en el sistema peruano. Para el titular del Poder Judicial, esta medida debe usarse con extrema cautela y solo en casos donde existan pruebas contundentes de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
“Muchas personas cuestionan que el juez se habría excedido al dictar prisión preventiva. Esto nos lleva a reflexionar sobre su uso. Debemos asegurarnos de que esta medida no se convierta en una sentencia anticipada”, señaló Arévalo.
La prisión preventiva, concebida como un recurso excepcional, ha sido ampliamente criticada por su aplicación frecuente y, en algunos casos, arbitraria. Organismos internacionales como la CIDH han señalado que Perú debe garantizar un balance entre la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales de los procesados.
Las implicancias políticas y judiciales
La fuga de figuras como Peralta, Cerrón y Boluarte ha generado un fuerte debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la justicia y combatir la corrupción. Según un informe de Clara Giraldo para La República, estos casos reflejan problemas estructurales en el sistema judicial y policial.
“La combinación de decisiones judiciales cuestionadas y una débil capacidad operativa para ejecutar órdenes de captura pone en jaque la credibilidad de las instituciones. Además, la politización de algunos casos alimenta la percepción de que no todos son tratados con el mismo rigor”, analiza Giraldo.
A nivel político, los casos de Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón tienen un impacto directo en la estabilidad del Gobierno de Dina Boluarte. Mientras su hermano es señalado como parte de una organización criminal, el líder de Perú Libre continúa siendo una figura clave de la oposición, aunque desde la clandestinidad.
El desafío de las instituciones
El panorama actual evidencia la necesidad de fortalecer tanto la independencia del Poder Judicial como la capacidad operativa de la Policía Nacional para ejecutar órdenes de captura. Expertos en justicia señalan que, además de las reformas estructurales, es crucial restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Por otro lado, el Congreso también ha sido señalado como parte del problema. Las acusaciones de blindaje político y los conflictos de interés dificultan la implementación de medidas efectivas contra la corrupción y el crimen organizado.
Conclusión: un sistema en crisis
La situación de los prófugos de alto perfil como Elizabeth Peralta, Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte pone en evidencia las falencias de un sistema judicial que enfrenta retos de legitimidad y eficacia.
Aunque Javier Arévalo ha intentado matizar las críticas resaltando el rol de la Policía en las capturas, la percepción ciudadana es clara: el sistema necesita urgentemente reformas que garanticen justicia y transparencia, sin caer en abusos como la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva.
Mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte y las instituciones judiciales están bajo la lupa. En un contexto de crisis política y social, estos casos podrían marcar un punto de inflexión para el futuro de la lucha contra la corrupción en Perú.
