El expresidente Pedro Castillo se enfrentará a juicio por los delitos de rebelión y conspiración relacionados con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Esta decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien, en una audiencia virtual de control de acusación, rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Castillo. Además, el exmandatario no será el único en enfrentar este proceso judicial: Aníbal Torres, Betssy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y varios oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) también serán juzgados.
La defensa de Pedro Castillo había solicitado el archivo de la acusación fiscal, argumentando que el delito de rebelión requiere un levantamiento en armas que provoque violencia, lo cual, según ellos, no ocurrió durante el intento de golpe. No obstante, el juez Checkley Soria desestimó este argumento, indicando que los cuestionamientos deben ser evaluados durante el juicio público, y no a través de un recurso de sobreseimiento.
Otras figuras involucradas
Aníbal Torres, ex primer ministro, y Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete, también irán a juicio junto con otros exministros y funcionarios involucrados en los hechos del 7 de diciembre. Las defensas de Torres, Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, así como las de los oficiales de la PNP Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada, también intentaron que se desestimaran las acusaciones, sin éxito.
Próximos pasos en el proceso judicial
La audiencia de control de acusación seguirá adelante para revisar la legalidad y necesidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo testimonios, documentos y peritajes. Además, se examinarán las pruebas de descargo de los acusados. Tras completar estas diligencias, el caso quedará listo para la etapa de juicio público.
Penas solicitadas por la fiscalía
La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave del orden público. En cuanto a Betssy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huerta y los oficiales de la PNP, se ha pedido una pena de 25 años de prisión. Por su parte, para Aníbal Torres se ha solicitado una condena de 15 años, también por los delitos de rebelión y conspiración.
Este caso ha sido clave en la política peruana, y su desarrollo continuará siendo de gran relevancia en la vida pública del país.
