La criminalidad en la región de Pataz, La Libertad, ha escalado a niveles alarmantes, evidenciado trágicamente con el secuestro y asesinato de trece mineros de la empresa R&R. Este lamentable suceso, ocurrido dentro de un socavón, ha provocado una respuesta gubernamental que busca contener la creciente ola de violencia en la zona. En un intento por restablecer el orden, el gobierno ha decretado medidas contundentes que incluyen un toque de queda, la instalación de una base militar y la suspensión temporal de las actividades mineras. Estas acciones buscan no solo responder a la crisis actual, sino también sentar las bases para una estrategia más integral a largo plazo. La situación en Pataz se enmarca en un contexto de minería informal e ilegal que ha desafiado históricamente la autoridad del Estado.
Según la investigación publicada por El Comercio, la tragedia se desencadenó tras el secuestro de los mineros el 26 de abril, culminando con el hallazgo de sus cuerpos sin vida el último domingo. La compañía Poderosa, a través de un comunicado, informó que las víctimas trabajaban para un minero artesanal subcontratado, práctica que la presidenta Dina Boluarte ha criticado, instando a las empresas mineras a evitar la subcontratación para facilitar el control de las operaciones.
En respuesta a la crisis, la presidenta Boluarte anunció un toque de queda entre las 6 p.m. y las 6 a.m. en el distrito de Pataz, otorgando a las Fuerzas Armadas el control total de la zona donde se ubica la minera Poderosa. Además, se planea instalar una base militar y suspender toda actividad minera en la provincia por 30 días, con posibilidad de prórroga. Durante este período, se procederá a la exclusión de personas suspendidas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El Gobierno también solicitará facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano, argumentando que esto permitirá una actuación más efectiva de las fuerzas del orden en Pataz.
Expertos como Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, han cuestionado la efectividad de estas medidas a corto plazo, señalando que la minería informal e ilegal en La Libertad es un problema de larga data que requiere soluciones integrales. Valdés enfatiza la necesidad de abordar la logística del contrabando de dinamita, el financiamiento ilícito y la criminalidad asociada, incluyendo la explotación laboral. Sugiere un censo exhaustivo de la actividad minera en Pataz, conociendo cada socavón, sus operadores y condiciones.
Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, califica las medidas como “paliativos”, destacando la importancia de rastrear el oro extraído ilegalmente y fortalecer la inteligencia policial y militar en coordinación con el Ministerio Público. Zevallos lamenta la falta de medidas sobre trazabilidad del oro y la necesidad de un proceso de formalización minera efectivo.
Noam López, experto en políticas públicas de la PUCP, considera que las acciones gubernamentales son una reacción a un hecho criminal violento, careciendo de estrategias amplias y necesarias. López destaca la deficiente presencia del Estado en Pataz, lo que favorece la expansión de organizaciones criminales. Propone fortalecer la inteligencia militar y policial para atacar las causas del problema, en lugar de solo desarticular bandas.
La suspensión de la actividad minera ha generado preocupación en el sector formal. Pablo De la Flor, representante de Poderosa, espera conocer los alcances de la medida, advirtiendo que afectar al sector formal sería contraproducente y beneficiaría a los ilegales. Julia Torreblanca, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pide claridad sobre si la suspensión incluye a empresas legales y aboga por eliminar el Reinfo y fortalecer la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley MAPE).
En el ámbito legislativo, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, compareció ante el Congreso para responder preguntas sobre el asesinato de los mineros y las medidas preventivas. El Ministerio Público, por su parte, continúa con las investigaciones del secuestro agravado con subsecuente muerte, realizando necropsias e incautando material explosivo. Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, inicialmente negó tener información sobre el secuestro, lo que ha generado críticas y exigencias de esclarecimiento por parte de los familiares de las víctimas.
