La brutal violencia desatada en la zona minera de Pataz, en La Libertad, tras el asesinato de trece trabajadores en un socavón, redefine el panorama criminal en la región. Este ataque, que ha conmocionado al país, revela una preocupante escalada en las tácticas empleadas por los delincuentes, quienes actúan con impunidad ante la aparente inacción de las autoridades. Este incidente ocurre en un contexto donde la minería ilegal florece, alimentada en parte por vacíos legales y la falta de control efectivo en áreas remotas.
Según la investigación publicada por El Comercio, las motivaciones detrás de este acto atroz trascienden la mera extorsión, sugiriendo una demostración de poder y control territorial dirigida tanto a las empresas mineras como a las fuerzas del orden, señalando un punto de inflexión en la dinámica del crimen organizado en la zona.
Pedro Yaranga, experto en seguridad y minería artesanal, arroja luz sobre la situación, indicando que el sector de Pueblo Nuevo, escenario de esta tragedia, es un hervidero de actividad minera con múltiples socavones. En el caso específico de la empresa Poderosa, Yaranga explica que ésta subcontrata a mineros artesanales formalizados para la extracción de minerales. La tragedia se desencadenó cuando un grupo armado interceptó a los mineros de la empresa R&R durante sus labores y los condujo a una bocamina cercana, una táctica que, según el experto, representa una nueva modalidad delictiva en la zona.
Yaranga destaca una evolución en el perfil de los criminales, señalando que los «parqueros», otrora especializados en el robo de minerales a empresas y mineros artesanales, han sido reemplazados por delincuentes locales con métodos más violentos. Han aprendido tácticas del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, pero operan ahora como grupos locales arraigados en la región. Esta transformación implica un cambio en el modus operandi, donde el secuestro se ha convertido en una herramienta común para obtener rescates millonarios.
El interés primordial de estos grupos ya no es el mineral en sí, sino el dinero. Si bien el robo de mineral equivalía a grandes sumas, la extorsión a través del secuestro ha mutado el panorama, buscando rescates que alcanzan cifras exorbitantes. Yaranga estima que estos grupos suelen estar integrados por entre ocho y nueve individuos, organizados en clanes familiares o de amistad, todos fuertemente armados. La geografía de Pataz también juega un papel crucial, con socavones peligrosos que dificultan el acceso a las fuerzas de seguridad, quienes a menudo se enfrentan a tácticas como la quema de neumáticos para agotar el oxígeno en el interior.
En respuesta a la masacre, el Gobierno de Dina Boluarte ha decretado la suspensión de la actividad minera en la provincia por 30 días y la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos que se encuentren suspendidos. Además, se ha impuesto un toque de queda nocturno. Una medida clave es la creación de una base permanente similar a las del VRAEM, destinada a combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Esta iniciativa, largamente esperada, requerirá una dotación significativa de personal y recursos para ser efectiva.
Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de minera Poderosa, ha denunciado la falta de equipamiento y capacidad operativa de la Policía Nacional para enfrentar a los mineros ilegales en las galerías subterráneas. De la Flor critica la expansión del REINFO, alegando que ha servido como fachada para proteger a elementos ilegales que buscan tomar el control de las operaciones formales. Koki Noriega, gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), ha lamentado la «falta de estrategia» del Ministerio del Interior (Mininter), instando a una mayor coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales para abordar la crisis de seguridad en Pataz.
