Jorge Farid Gabino González
Una pregunta bastante frecuente en relación con quienes por lo general han venido ocupando la cartera de Educación en los últimos años, ha sido por qué se tiene la propensión, independientemente del tipo de gobierno de que se trate, esto es, si de derecha, de centro o de izquierda, a nombrar como ministros de dicho sector a profesionales de las más diversas áreas del saber (con una marcada preferencia, claro está, por los administradores, economistas, sociólogos y abogados), en lugar de a quienes, según el razonamiento de los que así se interrogan, se debería considerar en primer término para ser elegidos, vale decir, los profesores.
Porque, siguiendo con el referido punto de vista, no habría “nadie mejor”, nadie “más capacitado” para conocer desde dentro los principales problemas y necesidades que aquejan a los profesores a lo largo y ancho del país, que aquel docente que día a día da lo mejor de sí en las aulas, y a veces, incluso, sin las más mínimas condiciones para poder realizar un buen trabajo, y todo con el objeto de formar a los ciudadanos que, a la corta o a la larga, habrán de conducir las riendas del país llegado el momento.
Quienes así piensan no parecen tener en consideración, sin embargo, que, aún cuando pueda ser cierto que nadie como un docente en ejercicio para conocer de primera mano y a cabalidad la difícil problemática de su sector, hace falta muchísimo más que solo “eso” para gestionar con solvencia, eficiencia y eficacia una cartera de la complejidad y dimensiones como lo es la de Educación. Y es que de lo que hablamos no es, por decir algo, de saber planificar y ejecutar una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos (menester en el que un buen docente tiene muchísimas posibilidades de salir airoso), sino de conducir un despacho en el que lo político y lo técnico pasan a ocupar un comprensible y justificable primer plano, en detrimento de lo anterior.
Y a las pruebas nos remitimos. Pues, si de hacer un balance se trata, no hace falta buscar mucho para encontrarnos con que los mejores ministros de Educación que hemos tenido en el Perú en los últimos veinte años, han sido profesionales que para conducir con eficacia dicha cartera no han precisado todavía ser docentes de profesión para poder hacerlo. Esto por la simple y sencilla razón de que, como quedó dicho, las competencias profesionales que se requieren en quienes asumen la cabeza del ministerio de Educación tienen que ver mucho más con lo técnico y lo político, que con lo estrictamente pedagógico.
Lo que no quiere decir, lógicamente, que no hayamos tenido casos en los que quienes asumieron la responsabilidad de dirigir el ministerio de que se trata hubiesen sido docentes. Por supuesto que no. Que los hemos tenido no pocos, como es de amplio conocimiento. Profesionales del magisterio, estos, a los que, a fin de cuentas, les ha ido bastante bien además en el ejercicio de sus funciones. Solo que, y en esto hay que ser muy incisivos, el referido buen desempeño de los funcionarios en cuestión no se debió, en modo alguno, solo al hecho de que estos fuesen pedagogos de carrera, sino a la simple y justificable y comprensible razón de que se trataba de gente que, además de gozar de un indiscutible prestigio en lo que toca al ejercicio docente, tenían, encima, y sobre todo, una comprobada y reconocida trayectoria en el ámbito de la gestión pública.
Traemos a colación lo anterior habida cuenta de que, censurado el ministro de Educación, Carlos Gallardo, y no habiendo, aún, reemplazante a la vista (a pesar de que dicha censura ya se venía venir, por las razones que todos conocemos, y, en consecuencia, era de esperarse que el presidente Castillo tuviese ya definido a quien habría de reemplazarlo), se hace necesario señalar lo contraproducente que sería para los intereses del sector en cuestión (sobre todo si tenemos en cuenta que el ministro que ahora se nombre será quien se encargue de dirigir el retorno de los escolares a las aulas el próximo mes de marzo) el que se nombre como ministro de Educación a algún profesor, por el solo y exclusivo hecho de serlo, afín a línea ideológica del presidente y sus aliados. Vale decir, sin tener en consideración la experiencia que pudiera tener en materia de gestión pública. Indispensable, como se sabe, para la asunción de un cargo como el señalado.
Pero para qué hacernos ilusiones. Si nada de eso pasará. Si nada de esto se tendrá en cuenta. Que Pedro Castillo, fiel a su estilo, nombrará como ministro de Educación al primer pelafustán que pase por el tristemente ya célebre pasaje Sarratea. Y esto, seguramente, con el argumento imbécil de que el susodicho merece asumir tamaña responsabilidad porque proviene del pueblo. Sí, del pueblo. Ese mismo pueblo al que ha de estar pesándole en el alma el haber llevado a la presidencia a un sujeto que, ni siquiera por el hecho de ser docente de profesión, es capaz de darse cuenta del enorme daño que le viene haciendo a la educación del país, al confiarle su dirección a individuos sin las más mínimas credenciales profesionales para hacerlo.
