Huánuco lleva semanas reclamando por el agua: cortes, tuberías viejas, dudas sobre la calidad y cobros que los usuarios consideran excesivos. El reclamo tiene una salida concreta en la agenda de la ciudad: que Seda Huánuco deje el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), con el que la Otass la administra desde 2020. Esa salida depende de una evaluación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Y la respuesta que se conoció en los últimos días es que la próxima toca en 2027.
Así lo informó el diputado Marco Flores Valdizán, tras reunirse con el presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez Martínez. Según el diputado, los representantes de la Sunass explicaron que la evaluación se hace cada tres años de iniciado el régimen y que la última se aprobó el 30 de enero de 2025. En 2026, dijeron, no corresponde otra.
La Sunass actúa dentro de su norma, y eso merece respeto. Pero su propio informe abre una pregunta que la ciudad tiene derecho a hacer.
El Informe 003-2025-SUNASS-DF, base de aquella evaluación, reconoce que Seda Huánuco superó la causal por la que entró al régimen, la sostenibilidad en la gestión empresarial, porque el Decreto Legislativo 1620 la eliminó. También señala que, con un puntaje de 27,6, la empresa no incurre en la causal de solvencia, cuyo mínimo es 25, aunque en su anexo la califica «en riesgo de insolvencia económica y financiera».
Lo que impidió recomendar la salida fue otra cosa: la falta de datos. La norma pide medir el cumplimiento de metas de gestión de los dos últimos años. El de 2022 no existe, porque las evaluaciones se suspendieron en 2020, cuando la empresa pidió revisar su tarifa por la crisis de la pandemia. Solo había un año medido, de mayo de 2023 a abril de 2024, con 57,2 % de cumplimiento, lejos del 85 % que exige la norma. Por eso, la Sunass recomendó que Seda Huánuco siga en el régimen «hasta contar con todos los elementos de juicio necesarios para una evaluación completa».
Ese informe dejaba el segundo año, de mayo de 2024 a abril de 2025, como «en curso». Hoy ese año ya cerró, y también el tercero, en abril de 2026. Son dos años seguidos. Si la Sunass ya tiene esos resultados, el vacío que motivó su recomendación podría estar cubierto. Entonces, ¿por qué esperar a 2027?
Quizás haya razones técnicas que desde aquí no se ven. Si las hay, la Sunass debe explicarlas en público, no solo en una reunión con un parlamentario. El alcalde provincial, Antonio Jara, dijo en el concejo que la evaluación estaba programada para abril del próximo año y que dura entre diez meses y un año. Así, el veredicto podría llegar recién en 2028.
Los datos del mismo informe muestran por qué la espera pesa. Los reclamos pasaron de 108 a 203 por cada 1000 conexiones entre 2020 y 2023. La Otass, por su parte, sostiene que la solvencia de la empresa ha mejorado. Ambos datos merecen medirse con la regla de la Sunass, y pronto.








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