La caída del puente Coyota, en el kilómetro 526+600 de la carretera PE-3N, no fue un accidente inevitable. La muerte de una mujer el 11 de marzo de 2026, junto a 3 heridos y el colapso de una vía estratégica, revela una falla más profunda: la incapacidad del Estado para anticipar riesgos en infraestructura crítica que sostiene a millones de ciudadanos entre la costa, la sierra y la capital. El hecho ocurrió en Cátac, provincia de Recuay, en medio de lluvias intensas que elevaron el caudal del río Coyota. Pero el factor climático, por sí solo, no explica el derrumbe. Según relató Cris Yanina Narciso Felipe, hija de la víctima, el puente presentaba deterioro desde hace 1 o 2 meses y habría sido objeto de un repavimentado superficial sin intervención estructural. Si esa advertencia se confirma, el colapso deja de ser contingencia y pasa a ser negligencia. La dimensión del problema se agrava por la respuesta institucional. La familia recibió la noticia a las 3:00 de la madrugada mediante una llamada sin identificación y, según su testimonio, no tuvo contacto posterior con autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni de Provías Nacional. En paralelo, el Estado sí logró desplegar equipos técnicos para evaluar daños y plantear un puente Bailey, lo que evidencia una reacción centrada en la vía, pero no en las personas. El colapso del puente Coyota no es un caso aislado en los últimos 5 a 10 años. Las lluvias estacionales han expuesto reiteradamente debilidades en puentes y carreteras, especialmente en corredores que conectan regiones andinas con la costa. La diferencia, en este caso, es el costo humano inmediato y la evidencia de alertas previas que no habrían sido atendidas. En el plano económico, la interrupción total de la PE-3N dejó varados a cientos de buses, camiones y vehículos particulares, afectando cadenas de abastecimiento y encareciendo costos logísticos en cuestión de horas. Cada día de cierre multiplica el impacto en mercados regionales que dependen de esta ruta para trasladar productos y personas. En el plano social, la pérdida de Eulalia Modesta Felipe Hermosilla —madre de 3 hijos, uno de 11 años, y cuidadora de padres adultos mayores— expone cómo las fallas en infraestructura tienen efectos directos en hogares vulnerables. No se trata solo de una víctima, sino de una red familiar que queda desprotegida. En el plano político, el caso coloca bajo escrutinio la capacidad de supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional. La posible existencia de deterioro previo en una estructura clave abre un frente de fiscalización que, en un contexto preelectoral, puede redefinir la discusión sobre gestión pública y prioridades de inversión. El puente Coyota cayó en una noche de lluvia, pero su colapso se construyó durante meses —o años— de decisiones postergadas. La pregunta que queda no es solo quién responde por lo ocurrido el 11 de marzo, sino cuántos puentes más siguen en pie sin garantías reales de seguridad.
