Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel No siempre elegimos mal porque queramos hacerlo. A veces elegimos mal porque el sistema está diseñado para que elegir bien sea una tarea excesivamente compleja; o peor aún, para que encontrar una propuesta seria sea un golpe de suerte en medio de una feria de improvisados. El Perú ha tenido nueve presidentes en apenas una década. En cualquier democracia estable, eso sería una señal de alarma institucional. Aquí, en cambio, parece haberse convertido en paisaje. Y cuando la excepcionalidad se vuelve rutina, el deterioro deja de escandalizar. Cada vacancia, cada censura, cada crisis celebrada como “control político” ha tenido un costo. No se mide en discursos ni en titulares; se mide en proyectos paralizados, en reformas truncas, en decisiones estratégicas que nunca llegaron a ejecutarse. Se mide en atraso. La inestabilidad no empobrece de inmediato, pero sí desgasta persistentemente. Erosiona la confianza, reduce la planificación y convierte al Estado en un administrador de urgencias permanentes. Mientras el sistema político se concentra en su propia confrontación —y juega al Monopoly con un tablero que ya no tiene propiedades sino deudas— las brechas sociales se ensanchan en silencio. Hay un país que no aparece en el debate televisivo. Es el que despierta antes del amanecer. El campesino que camina hacia la chacra a las cuatro o cinco de la mañana no discute correlaciones parlamentarias. La mujer de la sierra que enfrenta largas distancias para acceder a servicios básicos no analiza reformas constitucionales. El trabajador de la costa, bajo el sol inclemente o el frío que cala, no especula sobre el siguiente relevo presidencial. Ellos enfrentan algo más urgente: sobrevivir. Y es precisamente ahí donde la fragilidad institucional golpea con mayor dureza. Porque cuando la política se vuelve inestable, quienes menos margen tienen son los que más pierden. La inestabilidad es regresiva: castiga con mayor severidad a quienes ya viven en el límite. Se aproxima una elección que debería recomponer el rumbo. Sin embargo, el diseño electoral parece una emboscada administrativa. Con el registro del Jurado Nacional de Elecciones ya cerrado, la realidad es contundente: 38 partidos políticos habilitados para competir. Si sumamos las listas para la fórmula presidencial, los 60 senadores, los 130 diputados y el Parlamento Andino, nos enfrentamos a una marea humana de más de 11,000 candidatos. La pregunta no es retórica; es práctica: ¿cómo se supone que un ciudadano elija bien entre 11,000 nombres? Ni la persona más preparada del país tiene la capacidad de procesar semejante volumen de información en el tiempo que dura una campaña. Si para un analista es un reto, imaginemos al peruano que está más preocupado en cómo sostener a su familia mañana que en ingresar a simuladores de voto. Aquí la ironía se impone: el viejo Baldor parece haber abandonado el aula para instalarse en la mesa de votación. Donde antes había una decisión política, ahora hay un ejercicio de resistencia cognitiva. La cédula amenaza con parecer un examen de admisión más que un instrumento de representación. Marcar deja de ser elegir y comienza a parecer descifrar un jeroglífico en un sabanón de siglas. La proliferación de partidos, la debilidad de sus filtros internos y la fragmentación parlamentaria han creado un escenario donde pequeñas minorías pueden inclinar decisiones nacionales trascendentales. No es una distorsión accidental; es el resultado de reglas que incentivan dispersión antes que coherencia. El diseño electoral no es neutro; las reglas producen efectos. Si el sistema favorece la sobreoferta y la improvisación, el elector no enfrenta alternativas claras, sino una maraña que diluye la responsabilidad política. Y entonces la frase se vuelve amarga: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. En este río revuelto de miles de candidatos e interminables listas, los pescadores no son invisibles: son los intereses que prosperan gracias a la confusión. Cuanto más difícil sea distinguir al candidato serio del oportunista, más fácil será capturar el poder desde la sombra. El caos electoral es terreno fértil para quienes prefieren operar en la opacidad. Resulta cómodo afirmar que el problema es cultural, que la ciudadanía “no sabe elegir”. Más incómodo es reconocer que el sistema de partidos y un presidencialismo tensionado por un Congreso fragmentado generan incentivos permanentes para la confrontación. Si a ello se suma la normalización de vacancias y censuras como herramienta recurrente, el resultado no es equilibrio de poderes: es inestabilidad crónica. Y en medio del ruido, el caos prolongado rara vez es neutral. Mientras el país debate la próxima crisis, hay intereses que prosperan en la discontinuidad institucional. Lo que sí es evidente es quién pierde. Pierde el agricultor que no recibe asistencia. Pierde el estudiante que no encuentra oportunidades. Pierde la madre que espera servicios dignos. Pierde el traba
