En un nuevo capítulo de los escándalos que han sacudido al gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía ha solicitado un impedimento de salida del país por seis meses para Fredy Hinojosa, vocero presidencial, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con una organización criminal que habría distribuido conservas adulteradas bajo la marca Don Simón al programa de alimentación escolar Qali Warma. Según Jazmine Angulo para Infobae, la solicitud forma parte de una investigación que involucra a 12 personas, entre ellas empresarios y funcionarios públicos, y que ha generado gran preocupación por la seguridad alimentaria de miles de niños en todo el país.
Este pedido de la Fiscalía se enmarca en una investigación por colusión, tráfico de influencias y organización criminal vinculada a la distribución de productos de mala calidad en el programa estatal que tiene como objetivo garantizar la alimentación de estudiantes en situación vulnerable. “El pedido de la Fiscalía surge tras las evidencias recogidas en los allanamientos realizados a propiedades de los implicados, donde se busca esclarecer el rol de los funcionarios y empresarios en la adjudicación de contratos irregulares y la calidad de los productos entregados”, señaló la institución en un comunicado oficial.
El escándalo detrás de Qali Warma y las conservas adulteradas
El programa Qali Warma, creado en 2012, ha sido fundamental para la alimentación de niños en las zonas más vulnerables del Perú, pero en los últimos años ha estado bajo el ojo del huracán debido a las múltiples denuncias de mala calidad de los alimentos distribuidos. A pesar de sus objetivos loables, Qali Warma ha enfrentado serios cuestionamientos debido a irregularidades en la adjudicación de contratos y el consumo de alimentos de baja calidad, como las conservas de carne etiquetadas fraudulentamente como carne de res.
Un informe de 2024 reveló que la empresa Frigoinca, uno de los proveedores principales del programa, habría entregado carne de caballo etiquetada como res en varios lotes distribuidos en las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca, lo que causó una fuerte alarma entre las autoridades y la ciudadanía. Pero los problemas no se limitaron a la carne. También se detectaron conservas de baja calidad de la marca Don Simón, lo que provocó varios casos de intoxicación en estudiantes de diferentes regiones del país.
“La Fiscalía ha detectado que los productos entregados a través de Qali Warma no cumplían con los estándares mínimos de calidad y, en algunos casos, representaban un grave riesgo para la salud de los niños”, informaron las autoridades. Este escándalo ha puesto en duda la efectividad del programa y ha llevado a la Defensoría del Pueblo a solicitar que se declare en emergencia el sistema de distribución alimentaria escolar.
Fredy Hinojosa: ¿vinculado con la red de corrupción?
Uno de los nombres más controversiales en este entramado de corrupción es el de Fredy Hinojosa, vocero presidencial de Dina Boluarte. Según la investigación de la Fiscalía, Hinojosa estaría vinculado con la red que operaba bajo la fachada de empresas como Frigoinca y Tierra Inca Foods, las cuales supuestamente habrían entregado productos de mala calidad al programa Qali Warma mediante un esquema de contratos fraudulentos y tráfico de influencias.
Hinojosa, quien hasta ahora ha sido una de las figuras clave en la comunicación del gobierno de Boluarte, ha negado cualquier implicación en los hechos. “No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos que se me imputan”, manifestó en una reciente entrevista, aludiendo a la falta de evidencia en su contra. Sin embargo, su nombre aparece en los allanamientos realizados por la Fiscalía en propiedades vinculadas a los investigados, lo que ha alimentado la sospecha sobre su posible involucramiento en el caso.
A pesar de las afirmaciones de Hinojosa, los fiscales han solicitado el impedimento de salida del país como una medida cautelar mientras continúan con las investigaciones. La medida también se aplica a otros implicados, entre ellos Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta y varios empresarios más, quienes están siendo investigados por delitos como colusión agravada y organización criminal.
“La Fiscalía considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos y la implicación de los investigados en una red de corrupción de alto nivel”, señaló la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima en un comunicado.
El contexto político y las reacciones del gobierno
El escándalo ha tenido repercusiones no solo en el ámbito judicial, sino también en el político. La administración de Dina Boluarte, que ya enfrenta varias críticas por la inestabilidad política en el país, se ve nuevamente involucrada en un caso de corrupción, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del gobierno. El vocero presidencial Fredy Hinojosa es una figura clave dentro del equipo de comunicación de Boluarte, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la integridad de los funcionarios cercanos a la presidenta.
El gobierno ha intentado desvincularse de las acusaciones, especialmente en lo que respecta a Hinojosa. En un comunicado oficial, la Presidencia de la República destacó que la empresa Frigoinca comenzó sus operaciones en 2017, mucho después de que Hinojosa asumiera su cargo como vocero presidencial. “Esta empresa ha iniciado sus operaciones en septiembre de 2017, tal como se puede verificar en su ficha RUC. Desde esa fecha viene comercializando sus productos en el mercado”, indicó el comunicado presidencial, en un intento por aclarar la falta de conexión entre Hinojosa y la empresa señalada.
Sin embargo, la evidencia recolectada por la Fiscalía durante los allanamientos en propiedades de los implicados ha puesto en duda esta versión oficial. Los documentos y las pruebas recolectadas sugieren una posible relación más estrecha entre Hinojosa y las empresas vinculadas a los contratos fraudulentos de Qali Warma, lo que ha incrementado la presión sobre la administración de Dina Boluarte.
Consecuencias para el programa Qali Warma
Los problemas derivados del escándalo de las conservas adulteradas no solo afectan a los responsables de los contratos irregulares, sino también a la imagen de Qali Warma. Este programa, que desde su creación en 2012 ha sido vital para garantizar la alimentación escolar en las zonas más empobrecidas del Perú, ha sido objeto de constantes críticas debido a la mala calidad de los productos entregados y los posibles actos de corrupción en la adjudicación de contratos.
En respuesta a los cuestionamientos, el gobierno ha tomado algunas medidas, como el cambio en la dirección ejecutiva de Qali Warma, nombrando a Pedro Ripalda Ramírez para encabezar el programa. Sin embargo, los casos de intoxicación continúan, y la presión social sobre las autoridades aumenta a medida que surgen más denuncias de productos en mal estado y de la presencia de carne etiquetada fraudulentamente.
“La Defensoría del Pueblo ha solicitado declarar en emergencia el programa Qali Warma ante la persistencia de denuncias sobre la calidad de los alimentos y las posibles irregularidades en los contratos”, señaló el organismo defensor en un comunicado. La situación parece no tener fin, y la confianza en el programa ha sido severamente dañada por los recientes escándalos.
La denuncia de Noemí Alvarado: Corrupción dentro de Frigoinca
Una de las denuncias más reveladoras sobre el caso proviene de Noemí Alvarado, excolaboradora de Frigoinca, quien ha señalado que dentro de la empresa existía un esquema de corrupción que facilitaba la distribución de alimentos de baja calidad, como carne etiquetada de manera fraudulenta. Alvarado también denunció que estos actos de corrupción resultaron en intoxicaciones masivas en diversas regiones del país, incluyendo incidentes graves en Puno y Cajamarca, donde estudiantes se vieron afectados por la ingesta de productos contaminados.
“Los alimentos distribuidos por Frigoinca no solo eran de mala calidad, sino que representaban un riesgo para la salud de los niños, quienes fueron las principales víctimas de este fraude”, aseguró Alvarado, quien también reveló que los involucrados en la red de corrupción presionaban a los funcionarios para asegurar que sus productos fueran aprobados sin importar su calidad.
Este testimonio, junto con las investigaciones en curso, pone aún más presión sobre las autoridades, que ahora se enfrentan a un caso de corrupción de gran magnitud que afecta directamente a la salud de miles de niños en todo el país.
