Gobiernos regionales y locales deberán aplicar nueva directiva para obras desde junio
La Contraloría General de la República ha aprobado una nueva regulación para la ejecución de Obras por Administración Directa, que entrará en vigencia el 1 de junio de 2024. La Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, oficializada mediante la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, busca garantizar una ejecución efectiva y transparente de las obras públicas en todo el país.
La nueva directiva será de obligatoria aplicación para todas las entidades del gobierno nacional, regional y local, incluyendo los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales, así como las entidades de tratamiento empresarial o empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE y del Sistema Nacional de Control.
Entre los beneficios de la nueva regulación, se encuentra la ejecución de obras por administración directa de manera célere y transparente, procurando las mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad, y en el marco de un adecuado control. Para la fase de preparación de las obras, se emitirán disposiciones para que las entidades cautelen el aprovisionamiento necesario de bienes, servicios y personal, previo al inicio y ejecución física.
Metodología BIM
En cuanto a la calidad, se requerirá que la obra cuente con un expediente técnico adecuado a la metodología BIM, así como la aplicación de liquidaciones parciales. Para mayor transparencia, se implementará el uso del cuaderno de obra digital y se fomentará la participación y vigilancia ciudadana.
Además, la nueva normativa establece requisitos para el perfil del personal clave, disposiciones para la aprobación de modificaciones significativas y no significativas, y para el correcto dimensionamiento del expediente técnico, evitando los sobrecostos de obra. También se señalan disposiciones para la implementación y funcionamiento de la oficina de obras por administración directa.
Dato:
La Contraloría General ha oficializado la fecha de vigencia de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL mediante la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, publicada el 27 de marzo en el diario oficial El Peruano.
