El Gobierno de Dina Boluarte promulgó una ley que ha generado intensa polémica en el ámbito jurídico y social del país. La norma, oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano, otorga a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) inmunidad frente a detenciones preliminares o preventivas tras el uso de sus armas de fuego en el cumplimiento de sus funciones. Este cambio legal, según el texto, busca “garantizar el principio de inocencia y brindar mayor protección al personal de la PNP”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han alzado su voz en contra, advirtiendo un posible retroceso en la rendición de cuentas de las fuerzas del orden.
Detalles de la normativa
La nueva ley prohíbe que jueces y fiscales puedan detener o dictar prisión preventiva a policías que, en el ejercicio de su función constitucional y tras el uso reglamentario de sus armas, causen lesiones o incluso la muerte de otra persona. Según lo dispuesto, cualquier intento de aplicar estas medidas por parte de jueces o fiscales será considerado una “falta grave” y acarreará sanciones. Este enfoque se extiende además a los casos en los que fiscales omitan solicitar la detención preventiva de una persona o no presenten las pruebas necesarias para respaldar su solicitud.
La normativa, respaldada por las rúbricas de Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, el titular del Congreso Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta Patricia Juárez, establece su vigencia a partir del 12 de diciembre. Desde ese día, ningún miembro de la PNP podrá ser detenido preliminarmente ni sometido a prisión preventiva por hechos relacionados con el uso de sus armas de fuego, siempre y cuando se determine que actuaron dentro de los márgenes reglamentarios.
Una ley que modifica la carrera judicial y fiscal
La ley Nº 32182, que acompaña a esta disposición, introduce cambios significativos en la Carrera Fiscal y Judicial. Tipifica como “falta grave” el hecho de que un fiscal o juez detenga a una persona que fue aprehendida en flagrancia delictiva o que libere a un detenido sin el debido proceso. Este cambio ha sido presentado como un esfuerzo para “optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada”, pero también ha suscitado críticas por el riesgo de coartar la independencia de jueces y fiscales en la evaluación de cada caso.
Por otro lado, la normativa incluye disposiciones contra la filtración de información confidencial. Desde el 12 de diciembre, cualquier fiscal que facilite información sobre investigaciones reservadas podría enfrentar severas sanciones. Según la resolución, estas medidas buscan reforzar la lucha contra la criminalidad organizada al garantizar la confidencialidad de los procesos judiciales.
Controversias en torno a la ley
La oficialización de esta ley ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, juristas y activistas sociales, quienes advierten que podría derivar en un uso excesivo de la fuerza policial con mínima supervisión judicial. En un contexto nacional donde la actuación de las fuerzas del orden ha sido duramente cuestionada, especialmente tras las protestas sociales de 2022, estas disposiciones generan preocupación.
Para Rocío Mendoza, abogada penalista y especialista en derechos humanos, esta ley representa un peligroso precedente: “Otorgar inmunidad a la Policía en el uso de sus armas, sin una debida fiscalización, puede abrir la puerta a abusos y violaciones de derechos humanos. No se trata de limitar el actuar policial, sino de garantizar que cada acción sea proporcional y ajustada al marco legal”.
Por su parte, el politólogo Eduardo Reyna señala que esta medida podría tener un impacto negativo en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. “El equilibrio entre garantizar la seguridad pública y respetar los derechos humanos es fundamental. Esta ley corre el riesgo de inclinar demasiado la balanza en favor de una fuerza represiva que no rinde cuentas”, explica.
Argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo y el Congreso, las voces a favor de la ley han destacado la necesidad de proteger a los policías frente a acusaciones que, según afirman, muchas veces son infundadas y entorpecen su labor en la lucha contra la delincuencia. “No podemos permitir que quienes arriesgan su vida por nuestra seguridad terminen siendo tratados como criminales por actuar en defensa de la ciudadanía”, declaró Patricia Juárez, primera vicepresidenta y una de las impulsoras de la norma.
Asimismo, se insiste en que esta disposición no busca generar impunidad, sino garantizar que los policías puedan cumplir con su deber sin temor a represalias legales desproporcionadas. Según Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, “las investigaciones continuarán y, de encontrarse irregularidades, se tomarán las medidas correspondientes. Sin embargo, no podemos permitir que el sistema judicial sea usado como herramienta de presión contra quienes nos protegen”.
Implicancias y retos a futuro
El impacto de esta normativa aún está por verse. Algunos expertos temen que las nuevas restricciones debiliten el principio de igualdad ante la ley y fomenten un uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Además, la sanción a jueces y fiscales por filtrar información podría limitar la transparencia en los procesos judiciales, dificultando el acceso a información relevante para la opinión pública.
Por otro lado, quienes apoyan la ley argumentan que podría fortalecer la seguridad interna al dar mayor confianza y respaldo legal a los policías, especialmente en zonas de alta criminalidad. No obstante, lograr este balance sin vulnerar derechos fundamentales será un desafío para el Gobierno y las instituciones responsables de implementar estas disposiciones.
Conclusión
La promulgación de esta ley marca un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad pública y los derechos humanos en el Perú. Si bien busca proteger a los agentes de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, también plantea serias interrogantes sobre el equilibrio entre justicia y seguridad. En un país donde la memoria de abusos pasados aún está fresca, la aplicación de estas disposiciones será observada de cerca por ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales.
