En medio de un contexto de sensibilidad nacional, marcado por el reciente aniversario del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, el ministro de Educación, Morgan Quero, generó una fuerte polémica con sus declaraciones ante la prensa. Durante una entrevista con Almendra Ruesta, periodista de La República, Quero fue cuestionado sobre las muertes ocurridas en las protestas sociales de diciembre de 2022, un episodio que aún pesa en la memoria colectiva del país. Su respuesta inicial generó indignación inmediata:
«Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas».
La frase resonó como una desfachatez en un gobierno que ya ha sido criticado en repetidas ocasiones por sus posturas ambiguas y, en ocasiones, insensibles ante temas de derechos humanos. Sin embargo, horas después, el área de comunicaciones del Ministerio de Educación emitió un comunicado aclarando que el ministro no se refería a las víctimas de las protestas, sino a los abusadores de menores, específicamente en relación a casos registrados en comunidades indígenas como las wampis y awajún en Condorcanqui, Amazonas.
Un mensaje mal interpretado o una declaración desafortunada
Tras la aclaración oficial, Quero tomó la palabra nuevamente para precisar su posición y destacar las acciones emprendidas por su cartera en casos de abuso sexual en instituciones educativas y comunidades indígenas. Según el ministro, su frase iba dirigida a quienes han cometido actos aberrantes contra menores, destacando que su gestión trabaja para proteger a las niñas y niños vulnerables en el país.
“Hemos separado a los docentes que han estado involucrados más recientemente gracias a la participación de los proyectos de trabajo comunitario en cada una de las 18 residencias. Gracias a esto, se ha podido prevenir esta situación, se ha levantado la voz de las familias y se han llevado adelante las denuncias”, señaló Quero.
El ministro reveló cifras alarmantes sobre los casos de abusos sexuales en el sistema educativo nacional. Según datos oficiales, más de 1,000 docentes acusados de actos de abuso sexual han sido apartados del sistema. De estos, 459 casos corresponden a la región Amazonas, donde las comunidades indígenas han sido particularmente afectadas. «Estamos siendo muy firmes para que estos casos lleguen a la fiscalía, se lleven a cabo los procesos y se haga justicia», aseguró.
La problemática de los abusos en comunidades indígenas
El contexto de las declaraciones del ministro no es trivial. Las comunidades wampis y awajún en Condorcanqui han enfrentado una ola de violencia sexual que afecta principalmente a niñas y adolescentes. Estos casos, que durante años han sido invisibilizados, están comenzando a salir a la luz gracias a los esfuerzos de organizaciones locales y programas gubernamentales. Según Quero, su ministerio está trabajando en conjunto con las comunidades para establecer mecanismos preventivos y fortalecer las denuncias a través de proyectos de trabajo comunitario.
Sin embargo, esta problemática trasciende la acción ministerial. Las barreras culturales, la falta de acceso a la justicia y la desconfianza hacia las instituciones han dificultado el combate efectivo contra los abusadores. En este contexto, el rol del Estado se vuelve crucial, no solo para sancionar a los culpables, sino también para garantizar la protección integral de los menores.
Críticas y llamados a la responsabilidad
A pesar de las aclaraciones, las críticas hacia Morgan Quero no han cesado. Para muchos, su declaración inicial refleja una falta de sensibilidad al abordar temas de derechos humanos en un contexto donde las muertes en las protestas aún generan indignación. Diversos analistas políticos y organizaciones de derechos humanos han señalado que las palabras del ministro, aunque malinterpretadas, evidencian la necesidad de un discurso más responsable y empático por parte de las autoridades.
Por otro lado, algunos sectores han defendido la gestión de Quero, destacando los avances en la identificación y sanción de docentes involucrados en casos de abuso sexual. Según ellos, el enfoque en la protección de los menores y la promoción de la justicia en comunidades vulnerables es una muestra del compromiso del ministro con los sectores más desprotegidos.
Una lección para el gobierno
Este incidente subraya la importancia de la claridad y la empatía en las comunicaciones oficiales. En un país donde las heridas de las protestas sociales aún no cicatrizan y donde las comunidades más vulnerables enfrentan múltiples desafíos, las palabras de los líderes políticos tienen un peso significativo. Si bien la aclaración del Ministerio de Educación buscó rectificar el impacto de las declaraciones iniciales, el daño a la imagen del ministro ya estaba hecho.
En el fondo, este episodio refleja los retos que enfrenta el gobierno peruano para balancear sus acciones y discursos en temas sensibles como los derechos humanos y la protección de los menores. La polémica declaración de Morgan Quero será, sin duda, recordada como una lección de la necesidad de un enfoque más cuidadoso y humano en la gestión pública.
