El Gobierno Regional de Huánuco se encuentra en el centro de una creciente controversia tras una serie de denuncias públicas que apuntan a presuntas irregularidades en la ejecución de obras, sobrevaloración de proyectos y un posible entramado de protección institucional que impediría sanciones efectivas. Las acusaciones fueron expuestas durante una intervención del congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, en respuesta a cuestionamientos sobre la gestión del gobernador Antonio Pulgar.
Según lo expuesto, existirían múltiples casos de incrementos significativos en los costos de obras públicas, como proyectos que habrían pasado de presupuestos iniciales de S/ 10 millones a cifras cercanas a S/ 60 millones, pese a tratarse de intervenciones de corta extensión. Asimismo, se mencionó el caso del Hospital de Tingo María, cuyo costo habría escalado de S/ 67 millones a aproximadamente S/ 300 millones, generando preocupación sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
El congresista confirmó la existencia de una comisión investigadora del Congreso, la cual tiene facultades para citar de grado o fuerza a funcionarios, incluso con apoyo de la Policía Nacional. En ese sentido, advirtió que se intensificarán las acciones para garantizar la comparecencia de las autoridades involucradas.
Sistema de control
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se centra en la actuación de los órganos de control. Zeballos señaló que existirían informes de la Contraloría que determinan responsabilidades administrativas, civiles o penales, pero que hasta la fecha no habrían derivado en denuncias por parte del procurador correspondiente.
Esta situación ha generado sospechas sobre una posible falta de diligencia o incluso una eventual colusión. En esa línea, el parlamentario anunció que se evaluará presentar una denuncia contra el procurador por incumplimiento de funciones, al considerar que su rol es defender los intereses del Estado ante hallazgos de irregularidades.
Adicionalmente, durante la intervención periodística se expusieron presuntos vínculos entre proveedores del gobierno regional y familiares de integrantes del sistema de justicia, incluyendo fiscales y jueces. Aunque estas afirmaciones forman parte de las investigaciones en curso, su mención ha elevado el nivel de preocupación sobre un posible entramado que involucraría a diversas instituciones del Estado.
Conflicto político
El contexto también evidencia un clima de confrontación política. El gobernador regional habría cuestionado la presencia del congresista y emitido declaraciones despectivas hacia autoridades locales, calificándolas de “haraganes”. Frente a ello, Zeballos respondió defendiendo la labor de los alcaldes de centros poblados y resaltando su trabajo en condiciones limitadas.
Asimismo, se denunciaron situaciones que podrían evidenciar obstaculización a la labor fiscalizadora, como dificultades para el ingreso de autoridades al hospital de Tingo María y la presencia de grupos organizados que habrían generado incidentes durante visitas oficiales.
En paralelo, representantes de centros poblados expresaron su malestar por la falta de atención a sus demandas, señalando que habrían sido mantenidos en espera en condiciones adversas sin recibir respuestas oportunas por parte del gobierno regional.
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