La muerte violenta del narcotraficante Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y señalado como el máximo líder del cartel Tren de Aragua, en una operación promovida por Estados Unidos en territorio de Venezuela, trasciende el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. El episodio se inscribe en una tendencia más amplia de la política exterior de la actual Casa Blanca: la consolidación de la peligrosa estrategia que reivindica el supuesto derecho de Estados Unidos a actuar fuera de sus fronteras, especialmente en América Latina, contra cualquiera a quien considere una amenaza para su seguridad nacional.
Una victoria militar con implicaciones políticas
Washington celebró la operación como un éxito militar ejecutado en territorio venezolano, con distintos grados de colaboración local. El episodio ha sido presentado como una victoria en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, y sin restar importancia al currículo criminal de Guerrero Flores, la acción debería alertar sobre la unilateralidad con la que Estados Unidos decide a quién puede perseguir y eliminar fuera de sus fronteras.
La doctrina de seguridad expansiva de Trump
EE. UU. lleva décadas interviniendo en América Latina. Lo novedoso es que se reivindique como una política exterior legítima. El Gobierno de Donald Trump ha construido una doctrina basada en la idea de que los desafíos a la seguridad de su país pueden ser enfrentados en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio necesario. La clasificación de grupos criminales como organizaciones terroristas amplía todavía más ese margen de actuación. Venezuela, sometida a la tutela de Washington desde la intervención militar del pasado 3 de enero, se ha convertido en el escenario ideal para poner a prueba esa lógica. El problema de las doctrinas expansivas es que rara vez tienen límites.
Alarma regional: México, Colombia y Centroamérica en la mira
La operación contra el líder del Tren de Aragua debe considerarse como alarmante porque las implicaciones van mucho más allá de Venezuela. La misma lógica ya asoma en otros países de la región. México lleva meses resistiendo presiones para ataques directos contra los carteles dentro de su territorio. Colombia alberga estructuras criminales que podrían ser incluidas mañana en la misma categoría que hoy justifica matar en Venezuela. En Centroamérica, algunos gobiernos ven con interés la cooperación militar con EE. UU. en nombre de la seguridad. Si Washington se atribuye la capacidad de determinar unilateralmente este tipo de acciones, la soberanía queda subordinada. Lo que hoy se presenta como una respuesta excepcional se puede aplicar mañana a objetivos cada vez más vidriosos.
Un ensayo general para la región
Ningún país debería sentirse cómodo ante este precedente. Menos aún una región como América Latina. Lo ocurrido en Venezuela puede parecer un episodio aislado, pero tiene más bien la apariencia de un ensayo general. Un laboratorio donde se prueba hasta dónde puede llegar una doctrina de seguridad que está dejando de ser un enunciado político para convertirse en práctica cotidiana.
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