El uso de presuntos certificados médicos falsos por parte de docentes para obtener plazas en la UGEL Pachitea constituye un delito de falsedad documental. El exdecano y abogado Hernán Cajusol Chepe afirmó que las penas por este ilícito oscilan entre los dos y los diez años de prisión, afectando directamente la transparencia de los concursos en la administración pública.
El especialista precisó que la bonificación de puntaje que otorga el Estado a las personas con discapacidad, acreditada mediante el Conadis, está siendo vulnerada. Cajusol sostuvo que estas acciones irregulares derivarían en la apertura de procedimientos disciplinarios sancionadores y en la posterior destitución de quienes se adjudicaron las plazas de forma ilícita.
La situación trasciende a los postulantes. El abogado aseguró que para obtener un diagnóstico falso se requiere la participación concertada de terceros, apuntando a una presunta red que facilitaría estos trámites a los profesionales del sector educación.
Responsabilidad médica y control institucional
Ante la denuncia de que un solo médico habría emitido diagnósticos similares para certificar discapacidades, Cajusol indicó que la Fiscalía deberá investigar la complicidad del personal de salud. Añadió que los funcionarios del Conadis involucrados también tendrían que ser incorporados en las pesquisas correspondientes.
El exdecano calificó de reprochable la conducta de los docentes implicados y señaló que resulta imperativa la aplicación de la ley penal para frenar estas acciones. "Imagínense en manos de quién está la educación peruana", afirmó al evaluar el impacto ético de las adjudicaciones.
Finalmente, Cajusol exhortó a las oficinas de personal del sector público a no conformarse con el principio de buena fe al recibir documentación. El abogado precisó que las entidades deben verificar constantemente la habilitación de los profesionales para evitar que la administración pública siga incorporando personal mediante métodos fraudulentos.
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