La provincia de Pataz continúa bajo fuerte presencia militar y policial después de nuevos operativos ejecutados contra redes vinculadas a minería ilegal, extorsión y tráfico de explosivos en La Libertad. Las intervenciones se concentraron en bocaminas clandestinas, rutas de transporte informal y campamentos instalados cerca de zonas auríferas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron controles en sectores de Parcoy, La Porfía y Pueblo Nuevo, considerados puntos críticos por la presencia de organizaciones criminales que disputan el control territorial y económico de la minería ilegal.
Las autoridades informaron destrucción de maquinaria, decomiso de explosivos y detención de personas vinculadas a actividades ilícitas. El Gobierno mantiene vigente el estado de emergencia y el toque de queda nocturno para limitar desplazamientos en áreas consideradas de alto riesgo.
Pataz se convirtió en uno de los principales focos de inseguridad interna del país tras asesinatos, ataques armados y enfrentamientos registrados durante los últimos meses. La expansión del oro ilegal también afectó transporte, comercio y actividades productivas de comunidades locales.
Especialistas en seguridad y autoridades regionales sostienen que las intervenciones militares no resolverán el problema si no se combinan con formalización minera, control financiero y mayor presencia permanente del Estado.
La preocupación inmediata es evitar que las organizaciones criminales se reorganicen o trasladen operaciones hacia otras zonas del norte peruano. El desafío para el Gobierno será sostener presencia territorial sin que la provincia vuelva a quedar bajo control de economías ilegales.
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