Mientras Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se disputan la presidencia del Perú este 7 de junio, expertos consultados por Mongabay Latam advierten que el avance de la minería ilegal, el crimen organizado, las amenazas a los océanos y la violencia contra los pueblos indígenas conforman una agenda ambiental urgente que el próximo gobierno deberá enfrentar.
La minería ilegal de oro se expandió a 11 regiones amazónicas del Perú y volvió a afectar la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más emblemáticas de la Amazonía peruana. Sidney Novoa, biólogo y director de Sistemas de Información Geográfica de Conservación Amazónica, señaló en entrevista con Mongabay Latam que el aumento del precio internacional del oro, los vacíos legales y el debilitamiento institucional aceleran la expansión de esta actividad ilícita en el país.
Territorios indígenas bajo presión
Al panorama minero se suma la superposición de bloques de hidrocarburos, concesiones madereras, carreteras y actividades ilícitas con el Territorial Yavari-Tapiche, el principal corredor habitado por pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Este territorio abarca más de 16 millones de hectáreas —el doble de Panamá— a ambos lados de la frontera Perú-Brasil y contiene los bosques vírgenes contiguos más extensos de la Amazonía.
En el norte del país, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, que resguarda la mayor extensión de manglares del Perú, también está bajo presión por pesca ilegal, contrabando, narcotráfico y la presencia de bandas criminales que operan entre Perú y Ecuador, según documentó un equipo de Mongabay Latam que recorrió la zona.
Respecto a los océanos, un análisis del medio revela que las propuestas de los candidatos sobre pesca y mar fueron escasas, superficiales o contrarias a las recomendaciones científicas, pese a que estos sectores son clave para la seguridad alimentaria. Además, el Ministerio de la Producción otorgó viabilidad con observaciones a un proyecto de ley que, según expertos y dirigentes pesqueros, podría legalizar embarcaciones ilegales al reabrir el proceso de formalización pesquera artesanal concluido en 2023. El Ministerio del Ambiente advirtió que la iniciativa representa riesgos para la sostenibilidad de los recursos marinos y podría aumentar la presión sobre especies plenamente explotadas.
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