Más de 65 pobladores del tramo Puente Higueras–San José de Cozo aseguran que aún no reciben el pago por las viviendas demolidas para permitir el avance de la carretera HU-111. La denuncia fue presentada ante autoridades regionales por David Gabriel Lucero, miembro de la directiva local de San José de Cozo, quien indicó que las familias afectadas permanecen alojadas en casas de terceros mientras esperan el cumplimiento de un acta firmada con el Gobierno Regional de Huánuco.
Según Gabriel Lucero, el compromiso asumido por el gobernador regional, el director de Transportes y autoridades distritales tenía como plazo el 8 de julio. Sin embargo, el dirigente afirmó que, a pocos días de esa fecha, los pobladores aún no reciben una respuesta clara sobre el estado del expediente ni sobre el cronograma de pago.
"El pueblo humanamente ha botado su casa y hasta la fecha no sabemos cuándo le van a pagar", señaló el representante comunal ante el Consejo Regional. Según su versión, las familias permitieron la demolición para no detener el proyecto vial, pero ahora se sienten abandonadas por la entidad que promovió la intervención.
El reclamo no se limita al pago. Gabriel Lucero advirtió que la obra estaría paralizada desde hace más de cinco meses y que la carretera se encuentra en pésimas condiciones. Indicó que pobladores de Margos, Chaulán, Arumayo y otras zonas evalúan movilizarse hacia el Gobierno Regional si no se atiende el problema.
El dirigente sostuvo que la población facilitó el avance de la vía a la empresa y al Gobierno Regional. Aseguró que algunas viviendas fueron retiradas hace aproximadamente un año y medio, pero hasta ahora no existe un informe concluyente ni un registro claro sobre el trámite de compensación.
Desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Luigi Vidal Véliz ofreció disculpas a los pobladores de Cozo y afirmó que el pago se realizará. El funcionario explicó que el proceso depende de la aprobación de un PAC, procedimiento que exige acuerdos previos entre la entidad y todos los afectados.
Vidal reconoció que el expediente aún está en evaluación y presenta observaciones e inconsistencias que deben ser subsanadas. Indicó que el consultor ya entregó el estudio, pero la revisión técnica tomará más tiempo del previsto.
El director sostuvo que el Gobierno Regional mantiene el compromiso de cumplir con los pobladores, aunque admitió que las observaciones podrían retrasar el calendario inicialmente acordado. "Se les va a pagar, por supuesto, el monto ajustado a ley", indicó.
El funcionario también atribuyó parte de la demora a discrepancias con algunos vecinos sobre los montos de compensación. Mencionó el caso de Julio García, a quien acusó de pedir sumas "exorbitantes" y de plantear reclamos por posibles afectaciones futuras en sus terrenos. Según Vidal, incluso se modificó parte del trazo de la vía para evitar nuevas afectaciones.
La controversia deja dos frentes abiertos: el drama de familias que aseguran no tener vivienda propia tras aceptar las demoliciones y el proceso administrativo que, según Transportes, aún no logra cerrar técnicamente los pagos. El próximo hito será el cumplimiento del plazo señalado en el acta. Si no hay respuesta antes del 8 de julio, el conflicto podría escalar de reclamo comunal a protesta regional.
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