El colapso cognitivo y ético de un sistema que consume miles de millones para producir una montaña de causas irresueltas.
En el imaginario colectivo peruano, la indignación tiene objetivos claramente identificables. El Poder Ejecutivo, por un lado, suele ser el blanco de la crítica inmediata; si bien su naturaleza es la acción y la gestión, sus yerros —muchas veces fruto de una tecnocracia desconectada o de la improvisación política— inciden de forma directa y visible en la cotidianidad de la población. Por otro lado, el Poder Legislativo se ha convertido en el epicentro del rechazo ciudadano. Es un órgano cuya incapacidad se ha normalizado, donde la búsqueda de intereses particulares ha desplazado la generación de leyes que logren crear verdadero valor público o mejorar la calidad de vida nacional. El Congreso no solo legisla de espaldas al país, sino que activamente parece socavar el bienestar social con normas que protegen feudos en lugar de ciudadanos. Sin embargo, mientras el país vuelca su mirada hacia el escándalo del Ejecutivo o la desvergüenza del Legislativo, existe un tercer actor que opera bajo un manto de autonomía que raya en la impunidad: el Poder Judicial.
A diferencia de los otros dos poderes, la mayoría de los peruanos no conoce el Poder Judicial por elección, sino por desgracia. Es un poder invisible hasta que se vuelve ineludible. Estructuralmente, este aparato se despliega en una compleja red de juzgados de paz, especializados y salas superiores; una arquitectura diseñada supuestamente para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante, este despliegue parece haber olvidado su finalidad ontológica. El Poder Judicial es, sobre el papel, un poder autónomo, pero en la práctica esa autonomía se ha utilizado para construir una isla de privilegios burocráticos. Mientras el resto de la administración pública lidia con la precariedad, el Poder Judicial ha consolidado para su personal el régimen laboral 728, posicionándolos entre los servidores mejor remunerados del Estado. El problema no es la remuneración justa, sino la nula correlación entre el beneficio obtenido por el servidor y el valor público entregado al ciudadano.
Este comportamiento contradice la esencia misma de la magistratura. Hans Kelsen, en su defensa de la función jurisdiccional, sostenía que el juez es el garante último de la norma fundamental (Kelsen, 1934), aquel que debe asegurar que el derecho no sea una declaración vacía. En el Perú, sin embargo, el derecho es una cáscara que no contiene justicia. Del mismo modo, juristas como Ronald Dworkin han argumentado que los jueces deben decidir los casos basándose en principios que otorguen la mejor interpretación moral a la estructura jurídica de la comunidad (Dworkin, 1986). Pero al observar nuestra realidad, notamos que el juez promedio ha sustituido la "interpretación moral" por el formalismo paralizante. La integridad que pedía Dworkin naufraga en un mar de más de tres millones de expedientes en trámite, donde el magistrado prefiere la seguridad del procedimiento sobre la urgencia de la vida humana.
Es imperativo reconocer, en honor a la honestidad intelectual, que el sistema no es un bloque monolítico de oscuridad. Existen, dispersos en la vasta geografía judicial, magistrados de integridad inquebrantable y trabajadores que agotan sus horas frente a la computadora por una vocación de servicio que el sistema mismo parece empeñado en extinguir. Sin embargo, la labor de estos buenos elementos resulta trágicamente invisible. En un ecosistema donde la indolencia es la norma, el esfuerzo del funcionario probo es devorado por una estructura que premia el cumplimiento de la meta cuantitativa sobre la calidad de la resolución. La excelencia de unos pocos no logra compensar el peso muerto de una mayoría que ha decidido mimetizarse con el mobiliario de sus despachos, convirtiéndose en obstáculos con nombre y apellido.
Esta crisis no es solo ética, sino profundamente cognitiva y de responsabilidad institucional. Observamos con estupor cómo ciertos magistrados y secretarios parecen haber desarrollado una aversión patológica a la lectura crítica. Tal parece que, frente al expediente, el interés no reside en la pretensión del ciudadano, sino en la impecabilidad de la costura del pabilo o la correlación de los folios. Resulta paradójico que esta supuesta "élite" de la gestión judicial exhiba una comprensión lectora tan deficiente que les impide aprehender la esencia de las causas que deben resolver. Cuando no se entiende lo que se lee, la justicia se convierte en una lotería de interpretaciones erráticas donde el perdedor es siempre aquel que confió en la capacidad técnica del juzgador.
Pero más grave aún es la cobardía que se disfraza de "prudencia administrativa". Escuchamos a diario la retórica del debido proceso y el derecho a la defensa, términos que se pregonan en cada discurso, pero que en la práctica el magistrado ignora movido por el miedo al cuestionamiento o la preservación de su ambición laboral. Es común hallar al funcionario que se sacude la responsabilidad alegando que "el caso es de la gestión anterior" o que "yo soy nuevo y no quiero problemas", evitando así tomar decisiones valientes. Olvidan que el Poder Judicial es una institución perenne, no una suma de personas cuidando sus propios intereses. La falta de valentía para realmente administrar justicia como institución, y no como individuos protegiendo su puesto, convierte al juez en un cómplice de la desidia.
La contradicción es lacerante: ¿cómo es posible que funcionarios bajo el régimen 728 cometan errores que en el sector privado costarían el puesto en la primera semana? Esta burocracia de élite ha confundido la estabilidad laboral con la licencia para la mediocridad. Se amparan en la complejidad de la carga procesal para justificar resoluciones que son copias literales de plantillas obsoletas, donde a veces olvidan hasta cambiar el nombre de las partes. No es solo un problema de volumen de trabajo; es una carencia de rigor intelectual que degrada la función pública a un simple trámite administrativo carente de alma y sentido. El Poder Judicial ha dejado de ser un poder del Estado para convertirse en un sistema de castas. Al ignorar la realidad material del expediente para centrarse en la seguridad del trámite, el juez se despoja de su humanidad.
Finalmente, este diagnóstico nos obliga a mirar el espejo de nuestra institucionalidad. Mientras el Poder Judicial no depure su propia incapacidad y no aprenda a leer —en el sentido más amplio y profundo de la palabra— las necesidades de la nación, seguirá siendo ese matadero de esperanzas. Es hora de que la autonomía deje de ser el escondite de la indolencia y pase a ser la responsabilidad de quienes, en teoría, ostentan la balanza de la verdad. Porque al final de este laberinto de papeles y desidia, la historia nos recordará que todo está escrito; lo que falta es recordarlo.
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