Huacaybamba no puede seguir pagando el precio del abandono

Lo que ocurre en Huacaybamba ya no admite eufemismos ni excusas administrativas. La provincia vive una situación límite porque el Estado, en sus distintos niveles, ha fracasado en lo esencial: garantizar una vía de comunicación mínima para una población que hoy enfrenta aislamiento, encarecimiento de alimentos y una amenaza real de desabastecimiento. La pérdida de 35 metros de carretera en la Garganta del Diablo, lejos de ser un hecho aislado, ha terminado por desnudar una cadena de incompetencias, rigideces burocráticas y centralismo que castiga, una vez más, a los territorios más alejados del país.

En Diario Ahora sostenemos que el problema ya no puede reducirse a un error técnico del Consorcio responsable, aunque ese error sea grave y deba establecer responsabilidades. Lo ocurrido revela algo más profundo: una gestión pública incapaz de reaccionar con criterio, rapidez y sentido de urgencia cuando una provincia entera queda incomunicada durante 32 días. Si una intervención destinada a limpiar la vía termina destruyéndola por completo, entonces no estamos solo ante una falla operativa; estamos ante un modelo de ejecución que, en contextos de alta fragilidad geológica, actúa sin el rigor técnico que la realidad exige.

Pero sería cómodo cargar toda la responsabilidad sobre la contratista y pasar por alto el papel del Estado. El problema de fondo es aún más serio porque la emergencia ha terminado atrapada en un laberinto de competencias, trámites y demoras que nadie parece dispuesto a resolver con la urgencia necesaria. Huacaybamba no necesita funcionarios que enumeren limitaciones, sino autoridades capaces de encontrar salidas concretas cuando una provincia permanece aislada y expuesta al desabastecimiento. En momentos así, la ciudadanía no espera explicaciones burocráticas, sino decisiones políticas firmes. Cuando esa capacidad de reacción no aparece, lo que se proyecta es una imagen de desprotección estatal que golpea directamente a la población más vulnerable.

Este episodio también vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: para el centralismo limeño, provincias como Huacaybamba suelen existir tarde y mal, casi siempre cuando la crisis ya explotó. Mientras en los escritorios se discuten competencias, permisos o riesgos de sanción, en los mercados locales suben los precios y en los hogares crece la preocupación por el abastecimiento. Esa distancia entre la formalidad estatal y la angustia cotidiana del ciudadano es, quizás, la expresión más cruda del abandono.

El Ejecutivo no puede seguir observando desde lejos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y la Presidencia tienen la obligación política y moral de destrabar de inmediato cualquier impedimento contractual que hoy impida una intervención de emergencia. La prioridad no puede ser proteger papeles, sino restablecer el tránsito y evitar una crisis sanitaria y alimentaria mayor.

Huacaybamba no está pidiendo privilegios. Está exigiendo lo mínimo que un país decente debe garantizar a sus ciudadanos: conexión, respuesta y respeto. Si ni siquiera eso puede ofrecer el Estado, entonces el aislamiento no será solo geográfico, sino también político y moral.