Destruyen campamentos mineros ilegales y decomisan S/ 64.5 millones en Madre de Dios

Fuente ~305 palabras, target 300-500. Comunicado de la PCM vía Gestión. Sin citas textuales. Sin calificadores controversiales. Sin ángulo Huánuco. Todas las cifras numéricas conservadas.

El Gobierno del Perú incautó y destruyó bienes, maquinaria e insumos valorizados en S/ 64.5 millones en dos operativos simultáneos contra la minería ilegal ejecutados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú y lograron desmantelar campamentos mineros instalados ilegalmente dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, una de las zonas de mayor biodiversidad del país.

Las acciones se realizaron al amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula las medidas de interdicción para prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional. Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su página institucional, el operativo forma parte de la estrategia nacional de lucha contra las economías ilícitas que afectan los recursos naturales del Perú.

Los dos frentes simultáneos

En el sector "Isla Córdova", las autoridades decomisaron bienes por S/ 62.2 millones. El inventario incluye 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible entre petróleo y gasolina. Según las autoridades, estos equipos eran utilizados para actividades de extracción ilegal de oro que ocasionaban severos daños ambientales en la zona protegida.

De forma paralela, en el sector "Zorro Valencia", se incautaron equipos y materiales valorizados en S/ 2.27 millones. Allí se decomisaron seis balsas traca, dos pozas, tres motores y 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras utilizadas en el procesamiento ilícito del mineral.

Con estos resultados, el Ejecutivo reafirmó su línea de combate contra las economías ilícitas mediante el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de hacer cumplir la ley y preservar la biodiversidad del país. La PCM calificó la intervención como una de las mayores acciones de interdicción realizadas este año.