El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para ocho integrantes del Ejército del Perú investigados por la muerte de cinco civiles durante un operativo militar ocurrido el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, en la zona del VRAEM. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín y se tramita dentro de una pesquisa por presuntas graves violaciones a los derechos humanos. La solicitud será evaluada por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde aplicar la medida cautelar mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, los investigados enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco víctimas y por la supuesta tentativa de homicidio calificado contra tres sobrevivientes. El Ministerio Público sostiene que existen elementos que justifican el requerimiento presentado ante las autoridades judiciales.
Los ocho militares investigados
El pedido fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. Entre los investigados figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante el operativo. La relación de acusados incluye además a Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. Según el Ministerio Público, todos ellos formarían parte de los hechos materia de investigación.
Las víctimas y los sobrevivientes
La intervención militar terminó con la muerte de cinco personas. Entre ellas se encontraba Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo interceptado por los efectivos. Las otras víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Aguila, de 18 años; Jaime Bendezú Paraguay, de 28; Wilder Romer Sevipaucar, de 32; y William Núñez Soto, de 20 años. Además de los fallecidos, tres ciudadanos sobrevivieron al operativo. Por ese motivo, la investigación también comprende el supuesto delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de estas personas.
De acuerdo con la versión fiscal, los militares acusados habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención realizada en la zona de Colcabamba.
La tesis fiscal y la evidencia recogida
La postura del Ministerio Público cobra relevancia a la luz de los resultados de las diligencias posteriores. En un primer momento, desde las fuerzas del orden surgió la versión de que la acción tenía como finalidad la incautación de droga. Sin embargo, según la información incorporada a la investigación, tras la intervención no se encontraron insumos relacionados con actividades de narcotráfico. Tampoco existe evidencia concluyente respecto a una supuesta respuesta armada de las víctimas.
La documentación del caso menciona el hallazgo de cartuchos en el lugar de los hechos. No obstante, las diligencias no permitieron hallar armamento que respaldara la hipótesis de un enfrentamiento con las personas que resultaron afectadas por la operación.
El equipamiento del destacamento
Los documentos fiscales consignan el armamento y equipo que portaban los integrantes del destacamento militar. Según la información difundida, los efectivos contaban con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56×45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado. También disponían de cerca de 1.600 cartuchos distribuidos en cargadores de combate, una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de las marcas SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un dispositivo GPS Spot. La relación incluye asimismo granadas explosivas de 40 milímetros.
Decisión en manos del Poder Judicial
El requerimiento de prisión preventiva será analizado por el Poder Judicial, que deberá determinar si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada por 18 meses. La decisión definirá la situación procesal de los ocho militares acusados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la intervención y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para ocho integrantes del Ejército del Perú investigados por la muerte de cinco civiles durante un operativo militar ocurrido el 25 de abril en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, en la zona del VRAEM. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín y se tramita dentro de una pesquisa por presuntas graves violaciones a los derechos humanos. La solicitud será evaluada por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde aplicar la medida cautelar mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, los investigados enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco víctimas y por la supuesta tentativa de homicidio calificado contra tres sobrevivientes. El Ministerio Público sostiene que existen elementos que justifican el requerimiento presentado ante las autoridades judiciales.
Los ocho militares investigados
El pedido fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. Entre los investigados figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante el operativo. La relación de acusados incluye además a Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. Según el Ministerio Público, todos ellos formarían parte de los hechos materia de investigación.
Las víctimas y los sobrevivientes
La intervención militar terminó con la muerte de cinco personas. Entre ellas se encontraba Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo interceptado por los efectivos. Las otras víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Aguila, de 18 años; Jaime Bendezú Paraguay, de 28; Wilder Romer Sevipaucar, de 32; y William Núñez Soto, de 20 años. Además de los fallecidos, tres ciudadanos sobrevivieron al operativo. Por ese motivo, la investigación también comprende el supuesto delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de estas personas.
De acuerdo con la versión fiscal, los militares acusados habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención realizada en la zona de Colcabamba.
La tesis fiscal y la evidencia recogida
La postura del Ministerio Público cobra relevancia a la luz de los resultados de las diligencias posteriores. En un primer momento, desde las fuerzas del orden surgió la versión de que la acción tenía como finalidad la incautación de droga. Sin embargo, según la información incorporada a la investigación, tras la intervención no se encontraron insumos relacionados con actividades de narcotráfico. Tampoco existe evidencia concluyente respecto a una supuesta respuesta armada de las víctimas.
La documentación del caso menciona el hallazgo de cartuchos en el lugar de los hechos. No obstante, las diligencias no permitieron hallar armamento que respaldara la hipótesis de un enfrentamiento con las personas que resultaron afectadas por la operación.
El equipamiento del destacamento
Los documentos fiscales consignan el armamento y equipo que portaban los integrantes del destacamento militar. Según la información difundida, los efectivos contaban con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56 por 45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado. También disponían de cerca de 1600 cartuchos distribuidos en cargadores de combate, una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de las marcas SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un dispositivo GPS Spot. La relación incluye asimismo granadas explosivas de 40 milímetros.
Decisión en manos del Poder Judicial
El requerimiento de prisión preventiva será analizado por el Poder Judicial, que deberá determinar si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada por 18 meses. La decisión definirá la situación procesal de los ocho militares acusados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la intervención y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
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