Heriberto Jara Vilca, exjefe de la escolta del entonces presidente interino José Jerí, afrontará un juicio oral por presuntamente integrar la organización criminal denominada Las bebés de Lima Norte, dedicada —según la Fiscalía— a la explotación sexual en distintos distritos de la capital.
El Ministerio Público inició las investigaciones en 2020. De acuerdo con la tesis fiscal, Jara Vilca, conocido con el alias de “Norteño”, habría formado parte de una red que operaba bajo la modalidad de captación y protección de mujeres para fines de prostitución. La acusación lo incluye dentro del pedido formal de juicio por el presunto delito de pertenencia a organización criminal vinculada a la trata de personas.
Al momento de los hechos investigados, el imputado se encontraba en actividad como miembro del Grupo Terna de la Policía Nacional. Posteriormente, ascendió dentro del esquema de seguridad hasta convertirse en el custodio principal del entonces mandatario, acompañándolo en actividades oficiales y asumiendo la responsabilidad directa de su resguardo.
El caso adquiere relevancia pública debido a que la investigación se encontraba en curso mientras el agente cumplía funciones en el entorno más cercano del poder político.
Versión del investigado
En declaraciones televisivas, Jara Vilca sostuvo que el proceso en su contra habría sido archivado hace aproximadamente dos años y calificó la investigación como arbitraria.
“El caso ya pasó hace cuatro años y está en archivo como hace dos años. Ya está camino al archivamiento. Se me ha investigado y finalmente se ha comprobado que no hay nada”, afirmó.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas desmintió esa versión y precisó que el expediente no ha sido archivado ni existe absolución alguna. Por el contrario, confirmó que el exescolta figura en el requerimiento acusatorio para afrontar juicio oral.
Según la investigación fiscal, en agosto de 2020 la presunta cabecilla de la organización, María Alejandrina Galoc Gaslac, alias “La China”, habría captado a Jara Vilca y a otros dos efectivos policiales con el objetivo de obtener protección para sus actividades ilícitas. La hipótesis fiscal sostiene que esta colaboración habría permitido evitar intervenciones y facilitar la continuidad de los negocios clandestinos.
La presunta red criminal operaba bajo un esquema estructurado de jerarquías y funciones diferenciadas, donde la protección policial constituía un elemento clave para asegurar impunidad y sostenibilidad económica.
Posición del expresidente
Consultado por el caso, el expresidente José Jerí tomó distancia de la situación legal de su excolaborador. Señaló que desconocía los antecedentes y precisó que la designación del personal de seguridad no depende de su decisión directa, sino de las instancias correspondientes, como la Dirección de Seguridad del Estado (DIRSEG).
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