Tras las dificultades organizativas y los cuestionamientos de transparencia registrados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo optó por contratar a una nueva empresa: el Consorcio AFE. Esta compañía ganó la buena pro por más de S/6 millones, con el objetivo de trasladar el material electoral en la segunda vuelta.
¿Cómo se revirtió la crisis logística?
Desde la compañía peruana explicaron que pusieron en marcha una maquinaria humana y tecnológica de gran magnitud. Movilizaron una flota de más de 500 unidades de transporte y un equipo que superó los 1.800 colaboradores, conformado por conductores, estibadores, personal administrativo y directivos operativos.
AFE señaló que el reto principal consistió en superar las barreras geográficas. Su trabajo se realizó en simultáneo en la costa urbana y en las regiones rurales más apartadas, alcanzando una efectividad del 100% en las rutas establecidas. La corporación accedió a las localidades más alejadas del territorio peruano, demostrando que una logística precisa resulta fundamental para garantizar la participación ciudadana y la inclusión democrática.
Única postora en la convocatoria
El consorcio fue la única compañía que se presentó a la convocatoria para el transporte del material electoral de esta segunda vuelta, pese a que la ONPE invitó a más de 14 empresas logísticas. La empresa asumió el compromiso con los millones de peruanos habilitados para votar y contribuyó a restablecer la confianza en las instituciones responsables del proceso, tras los sucesos de la primera vuelta.
La empresa peruana, con 25 años de trayectoria en el mercado nacional, asumió la responsabilidad de corregir los fallos organizativos del proceso anterior mediante el reparto físico de actas y ánforas. Según precisaron, cumplieron un rol social clave: devolver la confianza del ciudadano en las instituciones públicas.
Fiscalización del proceso
La ONPE desplegó personal para fiscalizar la entrega de material electoral en todo el país, tarea que también realizó el Ministerio Público a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, bajo la coordinación de Alfonso Barnechea Cabrera.
El representante del Ministerio Público informó que se desplegaron siete mil fiscales en todos los locales de votación a nivel nacional “sin mayores inconvenientes”. Detalló que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue uno de los puntos de votación con mayor afluencia, donde se instalaron cien mesas para aproximadamente treinta mil ciudadanos.
“En San Marcos son cien mesas para, aproximadamente, treinta mil ciudadanos. Contamos con tres fiscales, porque este es el lugar con mayor número de mesas a nivel nacional”, puntualizó el coordinador en Canal N el día de las elecciones.
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