En el Perú, la democracia parece haberse convertido en un ejercicio de prestidigitación donde, mientras que la población se ha distraído con el ruido de la siguiente vacancia, las manos hábiles de una facción que creíamos desterrada terminan de desmantelar el escenario. Resulta fascinante, y a la vez profundamente doloroso, reconocer que tras décadas de una supuesta consolidación institucional hemos regresado con una docilidad pasmosa al esquema de control totalitario que caracterizó a los años noventa. Como bien señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su análisis sobre el retroceso democrático (2018), las democracias contemporáneas no mueren por golpes de Estado estrepitosos, sino por la erosión lenta y deliberada de sus normas básicas desde adentro. En nuestro caso, esa erosión ha sido facilitada por una clase política que, en su versión más servil y mercenaria, creyó que podía negociar su supervivencia a cambio de entregar las llaves de la casa. Los llamados "tontos útiles" del espectro parlamentario, hoy disfrazados de izquierda renovada, no fueron víctimas de la inexperiencia, sino cómplices de una claudicación ética sin precedentes.
Esta ineficiencia técnica no es un accidente, es un diseño gestado en la componenda. Mientras el país vivía en un estado de crispación permanente por procesos de vacancia sobre vacancia, se tejía en la sombra la entrega pactada de las instituciones más sensibles del Estado: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Es aquí donde la indignación alcanza su punto de ebullición, al observar cómo aquellos que hoy pretenden presentarse como la "alternativa" o la "resistencia", fueron en realidad los mismos que comulgaron en el reparto de cuotas de poder. Resulta un insulto a la memoria ciudadana que quienes negociaron el nombramiento de magistrados a la medida, quienes pactaron la inhabilitación de fiscales incómodos para habilitar a otros funcionales a sus intereses, pretendan ahora rasgarse las vestiduras. Fue esa facción inoperante la que vendió las instituciones a sus supuestos enemigos ideológicos por un plato de lentejas legislativo, coludiéndose para liberar a personajes con procesos abiertos y asegurando que la fiscalía de la nación respondiera a una agenda de grupo y no a la justicia.
La presencia sostenida en la mesa directiva del Congreso por parte de líderes que se dicen de avanzada, mientras sus cuadros enfrentan procesos por corrupción o permanecen en la clandestinidad, desmantela cualquier relato de probidad. ¿Qué mensaje de democracia se puede enviar cuando la permanencia en un cargo de vicepresidencia se compra con el silencio ante el desmantelamiento del sistema de control? No somos ingenuos para creer que esa participación fue "por el bien del país"; fue una negociación pura y dura de intereses particulares disfrazada de gobernabilidad. Para Giovanni Sartori (1987), la democracia necesita de representantes con "sangre en la cara", capaces de sostener el sistema de creencias que lo fundamenta; cuando el representante se vende, el sistema se convierte en una oligarquía de intereses cruzados. Pretender ser hoy los salvadores cuando ayer fueron los que le pusieron la soga al cuello a la institucionalidad es una muestra de una desfachatez política sin precedentes que busca seguir viéndole la cara al pueblo.
Para el economista Daron Acemoglu (2012), la diferencia entre el éxito y el fracaso de las naciones radica en sus instituciones; cuando estas son capturadas para el blindaje judicial y la extracción de rentas, la democracia deja de existir. Hemos permitido que un grupo político que simuló su derrota regrese con una fuerza renovada, utilizando la torpeza de una facción que le sirvió de alfombra roja. Es la capitulación de la "tecnocracia silenciosa" y la traición de quienes, en nombre de la justicia social, entregaron los mecanismos de fiscalización. ¿Oposición a qué? ¿A un sistema que ayudaron a construir con cada voto en el Congreso, con cada pacto bajo la mesa y con cada habilitación de fiscales supremos funcionales? Esta falsa oposición no tiene ni la autoridad moral ni la capacidad técnica para reclamar una alternancia que ellos mismos hipotecaron.
Lo más trágico de este retroceso es la participación de una ciudadanía distraída que, agotada por diez años de inestabilidad crónica, ha preferido mirar hacia el marcador del mundial mientras las instituciones eran tomadas por asalto. Perdimos la democracia no porque nos la arrebataran en una noche oscura, sino porque dejamos que se volviera inservible, una cáscara vacía que hoy solo sirve para validar las decisiones de quienes no rinden cuentas a nadie. Esa facción que hoy tiene la última palabra sobre quién es juzgado y quién es elegido, ha sabido capitalizar la inutilidad de quienes se creyeron estrategas y terminaron siendo solo peones de un juego mayor. El resultado es un Estado técnicamente capturado, donde la transparencia es un discurso y la impunidad una forma de vida que se luce sin dar explicaciones.
Superar este escenario de captura institucional exige Superar la captura institucional exige una reingeniería hacia la "meritocracia blindada". Como sostiene Francis Fukuyama (2014), la calidad estatal depende de separar la administración de los intereses políticos. La imparcialidad en la JNJ o el TC no vendrá de la buena voluntad, sino de procesos de selección técnicos, cuantitativos y transparentes que impidan el intercambio de favores en las mesas directivas. La transparencia debe ser una arquitectura de control social en tiempo real, no un simple reporte de cumplimiento.
Asimismo, Douglass North (1990) plantea que las instituciones solo generan desarrollo cuando ofrecen reglas de juego estables que reducen los costos de transacción. Para recuperar el rumbo, es imperativo proteger el servicio civil de la rotación arbitraria y sancionar la parcialidad técnica. Una institución es imparcial solo si el funcionario debe su puesto a su trayectoria y no a un favor parlamentario.
Finalmente, recuperar la democracia exige una ciudadanía que comprenda que la entrega de las instituciones impacta directamente en su calidad de vida. La alternativa es la vigilancia activa y reformas electorales que impidan que minorías sin representatividad subasten el destino de la nación. El desarrollo es inviable sin una justicia vidente ante la ley y ciega ante el poder. Todo está escrito; lo que falta es recordarlo.
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