Esperar lo mejor, prepararse para lo peor
The Economist. El lanzamiento de ChatGPT en 2022 encendió el auge de la inteligencia artificial y desató una ola de advertencias de ejecutivos tecnológicos sobre un posible “apocalipsis laboral”. Aunque el empleo en las economías desarrolladas se mantiene cerca de máximos históricos, el temor ya se instaló en la opinión pública: siete de cada diez estadounidenses creen que la IA dificultará encontrar trabajo y casi un tercio teme por su propio empleo. La escasez de vacantes para graduados universitarios, especialmente programadores, ha intensificado esa ansiedad.
La historia ofrece cierto alivio. Los mercados laborales han cambiado constantemente y ningún avance tecnológico había reducido, hasta ahora, la demanda total de trabajo humano. Los historiadores económicos incluso han relativizado el llamado “paréntesis de Engels”, el periodo de la Revolución Industrial en el que los salarios crecieron más lentamente que la economía.
Pero el pasado no siempre sirve de guía para el futuro. Los modelos de IA actuales resuelven tareas de programación mucho más complejas de lo que se preveía hace apenas un año. El número de agentes de IA se ha disparado y el gasto empresarial en esta tecnología crece con rapidez. Anthropic, una de las empresas más prometedoras del sector, proyecta alcanzar ingresos recurrentes anualizados de 50.000 millones de dólares antes de finales de junio. Aunque todavía no existen pruebas claras de destrucción masiva de empleo, la velocidad de mejora tecnológica hace imprudente descartar ese escenario.
Los economistas sostienen que el trabajo seguirá existiendo, pero eso no garantiza empleos de calidad ni salarios suficientes. Goldman Sachs prevé que los centros de datos representarán el 8,5% de la demanda máxima de electricidad en Estados Unidos en 2027, frente al 4,1% registrado en 2025. Si las empresas de IA elevan el precio de la tierra y la energía, los ingresos de los trabajadores podrían perder poder adquisitivo. En el extremo, los humanos podrían volverse económicamente prescindibles, del mismo modo que los caballos quedaron desplazados por el automóvil.
Ese temor explica por qué algunas voces en Silicon Valley hablan ya de intervención estatal e incluso de una renta básica universal. Sin embargo, el problema político podría aparecer mucho antes de una catástrofe total. Entre 1999 y 2011, alrededor de dos millones de estadounidenses perdieron sus empleos debido al impacto de China en el comercio global. Aunque esa cifra equivalía a un mes normal de despidos en el dinámico mercado laboral estadounidense, el llamado “shock chino” contribuyó al ascenso político de Donald Trump y al retorno de aranceles que no se veían desde la década de 1930.
Los trabajadores administrativos amenazados por la IA poseen más influencia política y social que los obreros fabriles afectados por la competencia china. Incluso un número limitado de despidos podría provocar una reacción masiva contra la tecnología. La oposición creciente a la construcción de nuevos centros de datos ofrece una señal de lo que podría venir. Una alteración severa de la seguridad económica y del estatus social de millones de personas podría derivar en protestas generalizadas o incluso en episodios de violencia política.
Ante este escenario, algunos gobiernos proponen frenar el cambio. China ha instado a sus empresas a adoptar inteligencia artificial sin despedir trabajadores. Economistas de distintos países sugieren subir impuestos al capital y reducirlos sobre el trabajo. Otros plantean gravámenes específicos a los centros de datos. Sin embargo, bloquear el avance tecnológico implicaría renunciar a beneficios potenciales enormes, desde nuevos tratamientos médicos hasta avances contra el cambio climático y la pobreza.
Una segunda línea de respuesta apuesta por redistribuir las ganancias de la IA. Si el empleo disminuye, los ingresos podrían concentrarse en empresas tecnológicas, fabricantes de chips y operadores de centros de datos. Reformas tributarias sobre beneficios extraordinarios, la tierra o los recursos naturales podrían capturar parte de esas rentas. También ganan fuerza los argumentos a favor de impuestos a las herencias para evitar la consolidación de una élite propietaria del capital.
Al mismo tiempo, los gobiernos podrían ayudar a los trabajadores a adaptarse. Los seguros salariales públicos permitirían amortiguar la caída de ingresos tras la pérdida de empleo, mientras que políticas activas como las aplicadas en Dinamarca —orientadas a capacitación y recolocación laboral— han demostrado reducir el tiempo de desempleo. Sin embargo, incluso esas herramientas podrían resultar insuficientes si la automatización alcanza niveles extremos.
De ahí que comiencen a discutirse medidas más radicales, como la participación estatal parcial en empresas de IA. Esta semana, un asesor presidencial surcoreano sugirió repartir un “dividendo ciudadano” financiado con ganancias de compañías tecnológicas, propuesta que provocó una caída del 5% en la bolsa local antes de ser matizada. En Estados Unidos, algunos políticos ya hablan de otorgar acciones de empresas de IA a los ciudadanos mediante cuentas públicas.
El editorial concluye que el “apocalipsis laboral” todavía no ha llegado, pero advierte que esperar pruebas definitivas antes de construir redes de protección social podría resultar demasiado tarde. “Es mejor empezar ahora”, sostiene la reconocida revista The Economist.









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